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Alto contrasteEconomías ilícitas: sin colaboración público-privada no hay desarticulación
FABIÁN GIL Socio Queulat Consultores CRISTÓBAL VALENZUELA Socio Queulat Consultores
Existe un acuerdo transversal de que la responsabilidad de proveer condiciones de seguridad corresponde principalmente al Estado. Sin embargo, menos consenso hay respecto del rol que corresponde al sector privado.
Tradicionalmente, se ha sostenido que los privados no tienen responsabilidades relevantes en seguridad y que su rol se limita principalmente a exigir al Estado el cumplimiento de su deber. Sin embargo, esa concepción ha evolucionado en el último tiempo hacia un mayor protagonismo del sector, acompañado de un crecimiento del mercado en seguridad privada y recientes cambios normativos, dentro de los que destacan la nueva Ley de Seguridad Privada y la incorporación de los privados al Sistema de Seguridad Pública.
En ese marco debe comprenderse el estudio “Por un Chile sin economía ilícita”, publicado por la CPC. Se trata de un aporte que vale la pena reconocer por tres razones principales.
“El Estado sólo podrá conocer y dimensionar el funcionamiento de los diversos mercados ilícitos con la contribución activa de las empresas que los enfrentan en su actividad cotidiana”.
Primero, porque reconoce explícitamente el rol estratégico que tiene el sector privado en proveer información sectorial, identificar tempranamente patrones y sistematizar impactos económicos de los mercados ilícitos. Esta declaración de la CPC consolida la evolución descrita en los párrafos anteriores respecto del rol de los privados. Segundo, avanza en la comprensión del funcionamiento de estos mercados. Finalmente, da un primer paso en la cuantificación de la magnitud del fenómeno en Chile, estimando que el volumen de los mercados ilegales supera los US $5.700 millones anuales y que la evasión y la elusión derivadas alcanzan al menos US $1.500 millones anuales.
El desafío actual para el Estado y el sector privado consiste en profundizar un trabajo conjunto para generar evidencia sobre cada mercado ilícito, identificando los factores que permiten su funcionamiento y expansión al amparo de brechas regulatorias y operativas. Además, se requiere sistematizar una base empírica sobre la experiencia nacional e internacional, con el fin de orientar el diseño y la implementación de una estrategia con mecanismos de prevención, contención y desarticulación ajustados a cada etapa del funcionamiento de los mercados ilícitos.
En esta tarea, el rol del sector privado resulta fundamental, porque el Estado sólo podrá conocer y dimensionar el funcionamiento de los diversos mercados ilícitos con la contribución activa de las empresas que los enfrentan en su actividad cotidiana. Por ello, la creación de una Unidad de Economías Ilícitas en el Ministerio de Seguridad Pública, planteada en el estudio, es una propuesta necesaria, pero insuficiente si carece de mecanismos de colaboración público-privada permanentes.
Chile cuenta con experiencias recientes de reducción del espacio para la operación de mercados ilícitos. Es el caso del robo de madera, en que la Ley 21.488 y su reglamento establecieron la forma de acreditar y cumplir la obligación de contar con guías de despacho electrónicas para la producción, venta, almacenamiento, depósito, mantención o acopio de troncos o trozas. Aunque aún debe evaluarse con rigor, la menor incidencia de estos delitos en el último tiempo parece indicar que su implementación ha sido exitosa, lo que ilumina un camino que puede exportarse hacia la desarticulación de otros mercados, tal como lo establece la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031.
