A través de dos decretos supremos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estableció una modificación transitoria al Reglamento para Contratos de Obras Públicas que permitió a las empresas competir por contratos de mayor monto que los que normalmente les correspondían según su categoría. Pero esa excepción expira a fines de este año y ahora el ministerio busca convertir la medida en un cambio permanente.
Según una minuta a la que accedió DF, la cartera propone modificar los rangos del Registro de Contratistas de Obras Públicas, elevando en 75% los montos máximos de contratación de buena parte de sus categorías.
¿Qué significa esto? Para disputar una obra del MOP, las empresas deben estar inscritas en su Registro de Contratistas, dividido entre Obras Mayores y Menores y en distintas categorías, que determinan hasta qué monto pueden competir.
Esos límites son los que ahora se busca ampliar. En Obras Menores, por ejemplo, una empresa categoría A pasaría de competir por contratos de hasta 4.000 UTM a 7.000 UTM. En Obras Mayores, una firma de segunda categoría saltaría de 80.000 a 140.000 UTM, mientras que una de tercera subiría de 20.000 a 35.000 UTM.
Joaquín Dagá, director general de Obras Públicas
“Con esto queremos entregar mayor certeza a los contratistas, fortalecer la competencia y establecer una solución de largo plazo para la industria de obras públicas. Queremos que más empresas puedan participar en las licitaciones, pero sin relajar los estándares de solvencia”, destacó el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá.
Explicó que, pese a ampliar los montos a los que podrán acceder los contratistas, no se dejará de resguardar que las empresas cuenten con la capacidad económica necesaria para ejecutar las obras. Para ello, la propuesta también elevará el respaldo financiero exigido a las empresas, que corresponde al 15% del monto máximo al que pueden acceder según su categoría. Así, por ejemplo, en segunda categoría de Obras Mayores, la exigencia pasará de 12.000 a 21.000 UTM.
Respecto a los plazos, la propuesta contempla que los nuevos rangos entren en vigencia el 1 de enero de 2027, aunque su implementación será gradual. Para ello, se establecerá un período de transición hasta la renovación de 2028 de cada contratista, dando espacio a las empresas para acreditar los antecedentes necesarios y adecuarse a las nuevas exigencias.
Los resultados
La decisión de convertir la fórmula transitoria en permanente se sustenta en los resultados que el MOP ha observado. Según la minuta, cerca del 30% de las ofertas presentadas en licitaciones de segunda categoría correspondieron a empresas inscritas en la tercera, mientras que alrededor del 20% de las ofertas en procesos de primera categoría provinieron de compañías inscritas en la segunda categoría.
A juicio de la cartera, la apertura tampoco tuvo efectos negativos relevantes en la ejecución de los contratos: no se observó un aumento significativo de términos anticipados ni otros indicadores que sugirieran que estas empresas fueran incapaces de ejecutar obras de mayor envergadura.
El nuevo esquema, de todos modos, podría dejar empresas en el camino. El MOP simuló sus efectos sobre 621 contratistas vigentes y concluyó que, en Obras Mayores, 50 firmas podrían bajar de categoría al no cumplir inicialmente con las nuevas exigencias económicas. Entre aquellas que participaron en licitaciones durante los últimos dos años, la cifra baja a 33 y, entre las que se adjudicaron contratos en ese período, a 23.
En Obras Menores, 44 contratistas podrían descender de categoría. Sin embargo, la afectación disminuye al mirar las empresas con actividad reciente: nueve habían participado en licitaciones durante los últimos dos años y solo tres registraban adjudicaciones en ese período. “La experiencia de estos últimos años nos demuestra que ampliar el universo de potenciales oferentes genera más competencia”, concluyó Dagá.
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Laura Guzmán
