El Ministro de Justicia acaba de afirmar, en tono particularmente asertivo, que como sociedad no hemos tenido el coraje de abordar el drama de quienes, purgando condenas de presidio por graves delitos, padecen enfermedades terminales o invalidantes, con frecuencia asociadas a su edad octogenaria; sin que se les permita esperar la muerte o recibir los cuidados indispensables en su hogar y de mano de sus seres queridos. "Los derechos humanos -razonó el jurista- son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así". Manifestó su extrañeza por la posición poco firme, clara y decidida que las instituciones morales de Chile, como las iglesias de cualquier signo, han tenido en esta materia. Y cerró su enfático "j'accuse" con un recordatorio ético elemental: "es que hay que tener un mínimo de humanidad!".
Este remezón y reproche a la conciencia moral de la Nación, sin exclusiones ni falsos pudores, está en línea con lo poco antes expresado y posteriormente refrendado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tomemos nota: Corte Suprema y Ministerio de Justicia. Instituciones que presiden y recorren nuestra historia como pilares básicos y garantes del Estado de Derecho. Y declaraciones, ambas, realizadas con entera libertad, por los titulares máximos de dos Poderes responsables de tutelar el recto funcionamiento de la justicia, virtud cardinal sin cuyo respeto es imposible la paz. Y coincidentes, ambos declarantes, en no estar adscritos a algún credo religioso que haría comprensible su valoración de la justicia como indisolublemente temperada y aún superada por la misericordia.
Ante esta muestra de coraje, particularmente en lo que concierne a un Ministro cuya designación y permanencia en el cargo depende de la exclusiva confianza de la Presidenta de la República, no tardó en surgir la crítica feroz de quienes se autoatribuyen la suprema autoridad y superioridad en materia de derechos humanos. Uno de ellos, abogado y diputado del Partido Comunista, denostó públicamente los dichos del ministro Jaime Campos como una "estupidez". Estúpido es un necio carente de inteligencia. Su estupidez lo hace notablemente torpe en comprender las cosas.
Que un abogado habitualmente litigante ante las Cortes de Justicia, y además parlamentario que ha jurado respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, califique como estupidez lo declarado en pleno ejercicio de razón, libertad y sano juicio por los máximos titulares del Poder Judicial y Ejecutivo en materias de justicia, no puede sino entenderse como que los que abogan a favor de que un delincuente en estado terminal aguarde el fin de sus días en su casa y cuidado por los suyos, son personas notablemente torpes en comprender la naturaleza de las cosas. Si dejamos pasar impune este alarde de soberbia y odiosidad, seremos reos de despojar al Derecho de todo vestigio de humanidad.