Gasto público en pensiones: equilibrio, ante todo

Dominique Keim y Paula Mansilla

El Gobierno dio a conocer el proyecto de ley para el Presupuesto de la nación 2023. Uno de los ejes de la propuesta es la seguridad social, en la que se anunció que más de la mitad del aumento del gasto público —que llega a, 4,2%— se destinará a financiar el Plan Garantizado Universal de pensiones o PGU. Esto se debe principalmente al incremento en la cobertura, que permitirá llegar a más de 2,2 millones de personas.

Sin duda un esfuerzo importante, sin embargo, si lo que se quiere es consolidar un mejor sistema de pensiones, cabe preguntarse qué tan significativo es el gasto público que Chile hace en este ítem, en comparación a otros países. De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Políticas Públicas UC, nuestro país está muy por debajo de lo que destinan los países de la OCDE a pensiones, que invierten en promedio 7,7% del PIB (2017) versus el 2,8% de Chile (2019). Y si bien la actual PGU ha significado un esfuerzo fiscal importante, en 2022 representó apenas un aumento del 0,4% del PIB.

“En Chile, el aporte estatal en pensiones ha sido claramente insuficiente. Sin embargo, la clave para mejorar nuestro sistema está en encontrar un equilibrio que permita incentivar el aporte de los trabajadores, para no poner en riesgo la sustentabilidad del sistema”.

Ahora bien, asegurar un buen sistema de pensiones no pasa exclusivamente por aumentar el gasto público. Este mismo análisis pone de manifiesto que los países con mejor desempeño en el ranking Mercer no son aquellos que tienen mayor gasto estatal en pensiones, sino los que han sabido equilibrar el gasto público con el gasto privado. Esto permite que los sistemas sean viables financieramente en el tiempo, sin correr el riesgo de perder la sustentabilidad a largo plazo, sobre todo en un contexto demográficamente tan complejo, en que la población va envejeciendo, lo que significa que habrá menos trabajadores que puedan seguir aportando al sistema de pensiones.

Por ejemplo, aquellos países cuyos sistemas de pensiones se sustentan casi únicamente por el pilar público reflejan ser los menos sustentables. Es el caso de España, donde el gasto fiscal llega al 10,9% (2017), mientras que el privado sólo es de 0,7% (2020), siendo uno de los países con menor viabilidad financiera. Por su parte, en Alemania el gasto público es de 10,2% del PIB (2017), mientras que su gasto privado alcanza a penas el 0,3% (2020). Pese a ser el quinto país que entrega una mejor pensión, la sustentabilidad de este sistema está por debajo de la media, lo que ha llevado a la necesidad de potenciar la contribución en el pilar privado, donde participan la banca y compañías de seguros. Para ello, el gobierno federal otorga estímulos como bonificaciones e incentivos fiscales.

En la vereda contraria están Dinamarca y Países Bajos, que son las naciones mejor rankeadas por Mercer y, a la vez, las con mejores índices de sustentabilidad. Ambos países tienen un gasto más equilibrado; en Dinamarca, el público llega al 8% (2017) y el privado al 5,1% (2020). En Países Bajos, el gasto es de 5,2% (2017) y 4,7% (2020), respectivamente.

Aumentar el gasto público en pensiones en nuestro país resulta crucial para mejorar las jubilaciones, ya que el aporte estatal ha sido claramente insuficiente. Sin embargo, la clave para mejorar nuestro sistema está en encontrar un equilibrio que permita incentivar el aporte de los trabajadores, para no poner en riesgo la sustentabilidad del sistema y con ello las pensiones de los adultos mayores.