Instrumentalización de la agenda legislativa

Ayer se publicaron las cifras de empleo para el trimestre abril-junio. Nuevamente malas noticias para los trabajadores de Chile. El desempleo alcanzó el 7%, la cifra más alta en los últimos seis años para este trimestre. De los empleos creados el último año, un gran componente corresponde a aquellos generados en el Estado. Es decir, la creación de nuevos trabajos en el último tiempo responde principalmente a un impulso y gasto estatal, antes que a un dinamismo de la economía.

Al analizar las cifras de este gobierno, se observa que se han creado hasta ahora cerca de 268 mil empleos. Ello contrasta con el millón de nuevos puestos de trabajo generados en el gobierno anterior. En cuanto a las cifras actuales, existe creación y destrucción de empleos. Entre los que se crean, más de 212 mil son por cuenta propia (de menor calidad, sin contrato ni cotizaciones), y 153 mil corresponden a empleos estatales. Entre los que se destruyen, algo más de 50 mil trabajos asalariados se pierden en el período, mientras que 35 mil se destruyen en otras categorías.

En materia de salarios, por su parte, la encuesta NESI presenta cifras que impactan. Los sueldos están estancados. Así, por ejemplo, en lo que va de gobierno de Michelle Bachelet el alza ha sido de 0,2%, lo que implica que un sueldo que el 2013 alcanzaba los $ 515 mil, hoy solo ha subido a $ 518 mil. En cambio, durante el gobierno anterior, el sueldo para ese trabajador subió en promedio 5,2%, lo que habría implicado un alza de $ 72 mil, esto es, 30 veces más que lo sucedido en este período.

Mientras todo esto pasa uno se pregunta cuál es y cuál será la agenda legislativa del gobierno en los siete meses que le quedan. Lo natural sería pensar que se priorizará recuperar el crecimiento económico, la generación de empleos dignos, y la construcción de un entorno de certezas y estabilidad.

No, el gobierno de la Nueva Mayoría dice que no. Dice que no a la sensatez, al sentido común y a la moderación, y opta por instrumentalizar la agenda legislativa. Prioriza la gratuidad en la educación superior para el sexto decil a un costo de más de US$ 300 millones adicionales. Da excesivas atribuciones al Estado en el proyecto de modernización del Sernac. Omite avanzar en el tema migratorio, o en la seguridad y certeza en La Araucanía. Pero no basta con eso, la agenda que está por venir es aún más fuerte e ideologizada. Una reforma previsional que fija las bases para los próximos 30 años y que se presenta al final del gobierno y sin acuerdo con la oposición. Una propuesta de nueva Constitución que entrará a fin de año al Congreso y que genera incertidumbre y problemas, sin contribuir en nada al progreso, la moderación y el sentido común. Más aún, y complementando la instrumentalización de la agenda legislativa, se viene un mes de septiembre cargado en la división del país en torno a temáticas vinculadas a la historia y a los derechos humanos.

Mal que se instrumentalice la agenda legislativa de esta forma, especialmente cuando en el país existen urgencias nítidas y compartidas que requieren ser abordadas y lideradas por el gobierno.