Neutralidad competitiva: más importante que nunca

Ana María Montoya

A fines de diciembre de 2021, el Consejo de la OCDE publicó recomendaciones sobre neutralidad competitiva, haciendo un llamado a los países miembros como Chile a asegurar la igualdad de condiciones entre empresas privadas y estatales, como condición necesaria para el adecuado funcionamiento y sana competencia en los mercados.

La neutralidad competitiva es un principio según el cual las empresas deben competir sobre la base de sus méritos propios, sin demostrar ventajas competitivas indebidas adaptadas por el Estado (como el simple hecho de ser de propiedad estatal, lo que puede traducirse en beneficios tributarios, oportunidades de financiamiento que no se ajustan a valores de mercado, subsidios directos, exención de la aplicación de las leyes de competencia, etc.).

En otras palabras, se debe evitar ofrecer ventajas que distorsionen la competencia y se beneficien selectivamente a unas empresas sobre otras, lo que puede limitar los beneficios que se derivan de la competencia, como precios más bajos, mejor calidad de productos, incentivos a inversión e innovación y mayor crecimiento económico.

¿Por qué este principio cobra relevancia en el Chile de hoy? Porque muchas veces se idealiza la creación de empresas públicas en la producción de bienes y servicios, apostando a que es la solución tanto respecto de la estructura de los mercados, como de las condiciones comerciales a las que accederán los consumidores.

Un ejemplo muy reciente, y en un mercado muy sensible para los consumidores, es el de los medicamentos, con la creación de las Farmacias Populares. Este es un caso en el que se puede apreciar que la provisión y producción pública no necesariamente garantizan los objetivos en el largo plazo. Y más aún, da cuenta de que cuestionarnos respecto de que si es el Estado o lo privados quienes deben producir los bienes no es lo relevante, sino cómo garantizar las condiciones para que aquellos oferentes más eficientes participen en un contexto de neutralidad competitiva

Este tópico resulta relevante, dado que en los últimos meses se ha planteado la creación de empresas públicas como la solución para varios desafíos que enfrentamos, sin una adecuada justificación para ello. Asimismo, en el contexto del debate del nuevo texto constitucional, la semana pasada se habría aprobado una propuesta de estatutos regionales, conforme a la cual cada región autónoma podrá aprobar la creación de empresas públicas sin revisión por parte del Estado Central u otros contrapesos que garanticen una adecuada ponderación de fines y medios.

Como parte de la Agenda de Modernización del Estado, actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que busca modernizar los gobiernos corporativos de empresas y servicios públicos. El objetivo es optimizar su desempeño, maximizar su valor económico y velar por su viabilidad financiera, exigiendo que actúen bajo estrictas normas de integridad y cumplan los fines encomendados.

Es la oportunidad de recoger estas recomendaciones de la OCDE en las distintas instancias tanto en la Constitución como en aquellas que apuntan a la modernización del estado y así tener en cuenta los principios para evitar distorsiones en los mercados en que operan las empresas públicas.