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Alto contrasteSubtel-Wom: falencias compartidas y bien público
DANIELA GONZÁLEZ Abogada U. de Chile. Directora Domo Legal
Estas últimas semanas fue noticia la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de cobrar una millonaria boleta de garantía a WOM al estimar que la empresa no cumplió en tiempo y forma con el despliegue de parte de la red troncal de fibra óptica nacional para oferta mayorista a otras empresas.
También se conoció un informe de la Contraloría advirtiendo importantes fallas de la Subsecretaría en el diseño y gestión de este proyecto.
En este contexto, se entiende el celo de la nueva autoridad de Subtel por actuar distinto a su predecesor. Sin embargo, en esa premura por ejecutar la garantía y defender su actuar ante el Congreso, se pueden pasar por alto consideraciones relevantes para cumplir sus otras funciones legales, como es crear y fomentar políticas nacionales de inversión con incentivos para mejorar la conectividad del país mediante alianzas público-privadas.
“Chile ha construido su reputación como destino de inversión sobre reglas claras, un activo que debemos cuidar”.
Las empresas que reciben concesiones de espectro o subsidios asumen obligaciones concretas de inversión que se deben cumplir, en eso no hay discusión. No obstante, gestionar los problemas de despliegue de infraestructura en telecomunicaciones (u en otros sectores) solo a través de sanciones, no alcanza para cumplir los fines sociales perseguidos: mayor conectividad y competencia, necesarias para obtener innovación tecnológica y mejores precios.
Los antecedentes de la Contraloría muestran problemas de diseño de la Subtel en las licitaciones que no conversan con la realidad de estos proyectos de gran envergadura, muchas veces por la propia inacción o falencias del Estado. Pese a ello, el fiscalizador se focaliza sólo en sancionar, en vez de privilegiar herramientas modernas orientadas a obtener el cumplimiento efectivo.
Esto es muy relevante por dos razones. Primero, porque el cumplimiento asegura que el fin público se concrete en beneficios para la ciudadanía. Segundo, el actuar meramente punitivo no es neutral respecto a la intensidad competitiva del mercado, necesaria para lograr mejores precios y calidad de servicio.
La acción de un regulador entonces debe ser prudente, proporcional, consistente, predecible y no discriminatoria.
En este caso, no hay que olvidar que la empresa responsable quebró el año pasado por no poder refinanciar su deuda, siendo el control asumido por nuevos accionistas enfocados en darle continuidad operativa a la compañía.
Por ello, el caso plantea dudas sobre la proporcionalidad de las multas y el efecto en la viabilidad de un competidor cuyos nuevos controladores han decidido honrar sus compromisos con el Estado. Un escenario alternativo era lamentar tener obras abandonadas, menos competencia y millones de personas sin servicio.
Cuando Subtel aplica estándares distintos o adopta decisiones irreversibles, puede alterar las condiciones competitivas del mercado en vez de solo sancionar un incumplimiento.
Un enfoque prudente que cautele todos los intereses públicos involucrados es lo razonable. Chile ha construido su reputación como destino de inversión sobre reglas claras, un activo que debemos cuidar. En Telecomunicaciones, esto exige fortalecer el diseño y modernizar el rol fiscalizador de Subtel, buscando que sus decisiones aporten el mayor bienestar al país y al desarrollo nacional.
