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Alto contrasteCosto fiscal del Mepco
El prolongado encarecimiento del petróleo durante 2026, debido a la crisis energética desatada por el conflicto en Medio Oriente y las restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz, ha obligado a numerosas economías a adoptar medidas extraordinarias para contener su impacto en los precios internos. En Chile, las sucesivas modificaciones aplicadas al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) han dejado en evidencia la urgente necesidad de revisar su arquitectura para optimizar su efectividad. Más allá de la contingencia, el debate de fondo debe apuntar a si el diseño actual del instrumento ofrece verdaderas garantías de sostenibilidad fiscal, previsibilidad y estabilidad cuando las perturbaciones externas dejan de ser transitorias y se vuelven persistentes. Las movilizaciones de grupos de transportistas dejan en evidencia la sensibilidad política y social de la situación.
El primer ajuste del gobierno de José Antonio Kast ocurrió en marzo, cuando Hacienda modificó por decreto los parámetros del Mepco para reducir su capacidad de amortiguar las alzas y acelerar su traspaso a los consumidores, con el propósito de resguardar las cuentas fiscales. En mayo, el Ejecutivo cambió de dirección y amplió las ventanas de cálculo para moderar nuevos aumentos. Ahora, ante una sexta alza consecutiva y las protestas de transportistas, anunció un proyecto de ley que limitaría a $20 por litro los reajustes durante 90 días. La sucesión de medidas expone una discrecionalidad excesiva, que dificulta anticipar el funcionamiento del mecanismo.
La efectividad del Mepco no depende solo de cuánto consigue contener las alzas, sino también de la previsibilidad de sus reglas y su sostenibilidad fiscal.
El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, calificó como un error la decisión de marzo de traspasar abruptamente las alzas, por su efecto sobre la confianza de los consumidores. Aunque el encarecimiento es externo, la velocidad de su transmisión depende de decisiones internas. En vez de orientar las expectativas, los cambios reiterados introducen incertidumbre en las proyecciones de inflación y las perspectivas para la política monetaria. Según el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), el Mepco acumuló un costo fiscal neto de US$ 1.070 millones entre enero y octubre. El instrumento suaviza las variaciones internacionales, pero no elimina el mayor costo de importar energía ni asegura que las menores recaudaciones sean recuperadas.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió en 2023 que la legislación no garantiza la neutralidad fiscal del Mepco y recomendó establecer esa condición o transparentar los subsidios permanentes. La experiencia reciente refuerza la necesidad de fijar límites de exposición fiscal, criterios técnicos para modificar los parámetros y condiciones de salida de los alivios extraordinarios. También cabe preguntarse si resulta eficiente tramitar una ley para un ajuste de apenas 90 días, en lugar de impulsar cambios más duraderos que den previsibilidad al mercado.
La efectividad del Mepco no depende solo de cuánto consigue contener las alzas, sino también de la transparencia de su funcionamiento, la previsibilidad de sus reglas y su sostenibilidad fiscal, considerando que puede generar tanto costos como ingresos para el Estado. Fortalecer su institucionalidad permitiría conservar su utilidad ante futuras perturbaciones, sin convertir la respuesta a una crisis externa en una fuente adicional de incertidumbre económica.
