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Alto contrasteEl desafío de implementar los cambios ambientales
Durante años, uno de los diagnósticos más persistentes sobre las dificultades para invertir en Chile apuntó al funcionamiento de su sistema de permisos. Plazos excesivos, superposición de exigencias, criterios dispares entre organismos y una creciente judicialización terminaron instalando un concepto tan resistido como el de “permisología”, que sintetizó un problema con efectos concretos sobre la inversión y el desarrollo del país.
Hoy la autoridad parece estar entrando en una etapa distinta: la de hacerse cargo de varios de esos flancos. La recta final de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que avanza junto a la Ley de Reconstrucción Nacional -que introduce modificaciones críticas a la Ley 19.300-, la modernización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la comprometida reforma a los Tribunales Ambientales apuntan, desde distintos frentes, a corregir problemas largamente diagnosticados.
El desafío es que este ciclo de cambios se traduzca en un sistema más claro, predecible y eficiente.
Son cuatro procesos regulatorios que avanzan en paralelo o están a punto de hacerlo. Se trata de un despliegue institucional que responde a demandas de larga data del sector productivo y que, por su alcance, requerirá una especial coordinación en aspectos como la coexistencia de los regímenes transitorios de las distintas normas, su articulación y la aplicación de criterios consistentes.
El Ejecutivo no es ajeno a este diagnóstico. De hecho, la propia ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, abordó estas inquietudes en el ciclo de conversaciones “Entre Códigos” de Diario Financiero. Ante un panel de especialistas del sector, la secretaria de Estado aseguró que el gobierno ya trabaja para que la reforma al SEIA y los cambios ambientales incorporados en la ley de reconstrucción nacional funcionen sin inconsistencias: “Quédense tranquilos que estamos viendo que esto calce bien, que no haya inconsistencia”, argumentó.
Con todo, las inquietudes del sector privado están lejos de ser infundadas; al contrario, se apoyan en una realidad operativa ya severamente congestionada. Según cifras del propio Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 74% de los 396 proyectos en calificación a comienzos de este año se encontraban suspendidos. A este embudo administrativo se suma un frente de alta litigiosidad, pues cerca del 30% de los 148 humedales urbanos declarados bajo la Ley 21.202 ha sido judicializado por disputas de límites, una métrica que la propia ministra Toledo calificó de “altísima”. Sin embargo, el mayor factor de desincentivo no es solo la lentitud inicial, sino la vulnerabilidad posterior a la obtención de los permisos. La inestabilidad jurídica volvió a evidenciarse cuando el Segundo Tribunal Ambiental revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del megaproyecto de expansión de Collahuasi, retrotrayendo un proceso que la firma consideraba consolidado.
Mientras la reforma al SEIA aún discute indicaciones y la ley de reconstrucción no ha sido promulgada, todavía hay espacio para afinar cómo operarán ambos regímenes transitorios. La disposición y capacidad técnica que ha mostrado la nueva autoridad es una buena señal, y sería deseable que ese mismo impulso permita resolver prontamente las dudas que aún persisten en el sector privado.
Esa misma mirada debiera acompañar la modernización de la SMA y la futura reforma a los Tribunales Ambientales. Después de años de diagnóstico sobre los costos de la permisología, el desafío es que este ciclo de cambios se traduzca en un sistema más claro, predecible y eficiente, capaz de dar mayor certeza a la inversión sin debilitar los estándares ambientales.
