Editorial

En seguridad, un giro político

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Entre los años 2020 y 2022, un total de seis carabineros fueron asesinados por delincuentes mientras cumplían actos de servicio. Para Chile, una cifra comparativamente alta respecto de períodos anteriores. Sin embargo, sólo en las últimas dos semanas, otros dos funcionarios policiales han muerto por acciones delictivas, en casos que han remecido a la opinión pública.

Esa es sólo una cara de la alarmante alza de la delincuencia en años recientes, que explica que ésta haya pasado a ser la principal preocupación ciudadana en todos los segmentos (56%), según un estudio de la encuestadora Ipsos consignado en este diario. Hace un año, el mismo sondeo ubicaba a la inflación en primer lugar (60%) y a la delincuencia en segundo (52%), y resulta muy decidor que luego de un año especialmente duro desde el punto de vista económico, las personas hoy pongan a la inseguridad como su principal temor, en lugar del alza de precios (35%), el desempleo (15%) o las bajas pensiones (19%).

La señal política de que el combate a la delincuencia se ha vuelto una prioridad de gobernanza es un primer paso necesario para comenzar a abordar el problema.

Lo anterior ha sacudido la agenda política de formas impensadas al inicio de este Gobierno, cuando la mayor atención se concentraba en el proceso constitucional y las reformas estructurales en impuestos y pensiones. Hoy, tras el rotundo fracaso de la Convención Constitucional en las urnas, la propuesta de reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados y los cambios tentativos al sistema previsional bajo intenso escrutinio, el Congreso da un giro para anunciar una agenda de seguridad “express” con 15 proyectos que espera votar en los próximos tres meses, y el Presidente declara que Carabineros tiene “todo el respaldo concreto de nuestro Gobierno”, y que la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a la delincuencia”.

El cambio respecto de posturas anteriores no sólo es bienvenido, sino necesario y urgente. En efecto, la señal política de que el combate a la delincuencia se ha vuelto una prioridad de gobernanza es el primer paso para comenzar a abordar el problema. Los próximos meses serán decisivos para comprobar que el giro no es sólo retórico, como ha prometido el Mandatario, sino el comienzo de un esfuerzo serio y sostenido de política pública en materia de seguridad.

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