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Alto contrasteLímites impracticables en servicios básicos
La economía chilena crecerá este año, según las proyecciones más optimistas, algo por encima del 1,5%, muy por debajo de su crecimiento potencial. Mientras la tasa de desocupación nacional toca su nivel más alto en cinco años -9,5% en el trimestre mayo-julio, según el INE- y confirma la debilidad persistente de la actividad, el despliegue de la ley de reconstrucción nacional sigue afrontando obstáculos.
El antecedente más preocupante surgió de la construcción de la propia ley, específicamente en su artículo 31. La redacción de este artículo responde a una indicación parlamentaria de sectores de oposición que impuso la reposición gratuita del suministro de servicios básicos en zonas de catástrofe -incluso a clientes morosos- sin ponderar su factibilidad técnica. Y el martes de la semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) validó el artículo, con lo cual la iniciativa superó su último filtro constitucional y quedó lista para convertirse en ley.
Es indiscutible la urgencia de devolver el bienestar a las familias damnificadas por catástrofes climáticas, las que cada vez son más extremas e inesperadas, y la disponibilidad de los servicios básicos es clave en este aspecto. Pero legislar desde la emergencia y sin un sustento operativo real genera un riesgo mayor. Chile no necesita parches reactivos, sino un ecosistema regulatorio y financiero moderno capaz de anticipar esos riesgos, para que la solución de alivio inmediato no termine siendo un retroceso sistémico para los servicios que sostienen al país.
Legislar desde la emergencia y sin un sustento operativo real genera un riesgo mayor.
Los países desarrollados priorizan proteger al usuario con criterios técnicos y no con plazos fijos, a diferencia de lo propuesto en el artículo 1 de la megarreforma, que impone límites estrictos, de 24 y 48 horas, para la reposición de servicios de agua potable y alcantarillado, y electricidad y gas, respectivamente. Se trata de un límite deseable, pero difícilmente alcanzable. En EEUU, las compañías eléctricas reconectan primero la red troncal y los servicios críticos, sin que la deuda de los clientes sea parte de la decisión, y varios estados prohíben los cortes residenciales en climas extremos. En tanto, la Unión Europea, con el Citizens Energy Package, iniciativa de la Comisión Europea diseñada para colocar a los ciudadanos en el centro de la transición energética, exige identificar tempranamente a los hogares en riesgo de desconexión, en vez de aplicar respuestas uniformes.
Por otro lado, en el Reino Unido, el regulador energético ha declarado que vincular el pago a la cuenta bancaria de los clientes ha reducido la morosidad de forma sostenida desde 2006, lo que permite distinguir al usuario vulnerable del que simplemente no paga. En esa línea, los estados de EEUU más expuestos a las catástrofes, como Florida o Luisiana, han resuelto el financiamiento de la reconstrucción con el storm-recovery financing: bonos respaldados por un cargo fijo e ineludible en la boleta, un seguro financiero que distribuye en el tiempo el costo de la próxima catástrofe.
Los gremios locales de la electricidad, el agua y el gas advierten que los plazos dispuestos son materialmente imposibles de cumplir en zonas devastadas, porque obligan a las cuadrillas técnicas a desviar recursos hacia reconexiones individuales, en vez de concentrarlos en levantar la infraestructura crítica y las redes de transmisión masiva que han sufrido daños. Chile necesita un ecosistema que combine trazabilidad, financiamiento estructural y resiliencia previa, para que superada la emergencia el problema no termine siendo peor para quienes ya la sufrieron.
