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Alto contrasteReforma ambiental sin urgencia
En Chile existe un diagnóstico transversal sobre la necesidad de resolver la llamada permisología, un entramado normativo y administrativo que ha obstaculizado sistemáticamente el desarrollo de inversiones en diversas industrias. Sin embargo, pese a la evidencia de sus costos económicos y al amplio consenso técnico sobre sus falencias, no se ha materializado una reforma sustantiva, en parte por falta de coordinación interinstitucional, dilaciones políticas y escasa priorización legislativa. En un escenario de bajo crecimiento -anclado en un PIB tendencial en torno al 2%- mantener este statu quo implica renunciar a oportunidades de inversión, empleo y competitividad, comprometiendo así las bases del desarrollo económico.
En este contexto, llama la atención la falta de urgencia, por parte del Gobierno, en la tramitación de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese al amplio consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema de autorizaciones más moderno y eficiente, que combine celeridad, rigurosidad técnica y certeza jurídica. Si bien, en forma paralela ha seguido avanzando la modificación al reglamento del SEIA -con la actualización de tipologías de ingreso y la revisión del régimen de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)-, el persistente retraso en el proceso global y la aparente ausencia de coordinación legislativa refleja cierta desconexión entre lo que se declara y lo que se obra en materia política y legislativa. Chile requiere un sistema de aprobaciones ambientales mucho más eficiente, especialmente en un escenario de incertidumbre global. Y esto es relevante no solo para los titulares de proyectos, sino también para otorgar debidas garantías a los recurrentes en temas ambientales, bajo reglas claras y consistentes.
Los cambios al reglamento del SEIA necesitan coherencia normativa y una adecuada gestión de observaciones, las que, según el propio organismo, han llegado a superar las 700. En este punto, cabe preguntarse si los grupos de presión ambientalistas tienen un ánimo sincero de perfeccionar la institucionalidad ambiental o si, por el contrario, lo que se busca es entorpecer su avance mediante un uso obstruccionista del proceso participativo.
Ante este panorama, es difícil no preguntarse cuál es la real viabilidad de proyectos de alta envergadura como el que acaba de presentar TotalEnergies H2 al SEIA, por US$ 16 mil millones, el de mayor monto histórico ingresado al sistema. Más allá de su potencial para posicionar a Chile como líder en energías limpias, generar empleo e impulsar el crecimiento, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del país para contar con una institucionalidad ágil, coherente y técnicamente solvente.
Una regulación añeja no contribuye a ninguno de estos objetivos.
