Continúa la polémica en torno al inédito caso judicial que derivó en el embargo del bono de $ 8,5 millones que 105 trabajadores de Escondida recibieron en 2019. En un nuevo capítulo de la trama, la operadora de la minera, BHP, ofreció un préstamo solidario a los trabajadores afectados que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, lo que generó el inmediato rechazo del Sindicato N°1 de la minera, el mismo que impulsó la demanda por prácticas antisindicales que terminó con la orden de sustracción del pago.
“Hemos sido notificados por la empresa que ella ha dispuesto una medida excepcional a favor de trabajadores que deben devolver por orden judicial el bono (...). Esta medida no es otra cosa que un intento por evadir los efectos y alcances de la sentencia, a través de una nueva acción de injerencia indebida de la empresa”, fustigó la directiva de la agrupación sindical de la minería chilena.
“Esta medida no es otra cosa que un intento por evadir los efectos y alcances de la sentencia”, acusó el mayor sindicato de la minería chilena ante el apoyo económico.
Es que tras haberse realizado ya el primer embargo desde las remuneraciones de junio, por montos que fueron desde los $ 32 mil hasta los $ 2,7 millones, la compañía decidió implementar “de manera excepcional y por única vez” un mecanismo de apoyo financiero a los trabajadores más afectados, según contó el Sindicato N°3, que cuenta con 50 socios involucrados en el caso judicial.
La organización sindical -que nació bajo el liderazgo de disidentes del Sindicato N°1- detalló que el monto máximo del préstamo puesto a disposición por la minera será de $ 6,5 millones y deberá ser reembolsado a la compañía en 65 cuotas mensuales y sucesivas de $ 100.000, las cuales serán automáticamente descontadas de las remuneraciones mensuales de los trabajadores que accedan al beneficio.
Cabe destacar que, para postular al crédito blando, la empresa comunicó que los trabajadores deberán presentar un informe elaborado por un asistente social que justifique su estado de vulnerabilidad social.
Sindicato N°1 anuncia acciones
En su rechazo a la gestión de BHP, la directiva del Sindicato N°1 también sostuvo que el préstamo constituye “una medida discriminatoria”, ya que “su supuesta base es la precaria condición económica que tendrían estos trabajadores, pero para nadie es un secreto que muchos otros también están afectados por diversas razones, frente a lo cual la empresa jamás ha considerado otorgarles un préstamo de este tipo”.
Según el sindicato liderado por Patricio Tapia, esto evidencia que “la única razón de la medida es nuevamente amparar a este grupo de trabajadores que fueron utilizados por la empresa para cometer la práctica antisindical por la que se le condenó”.
Así, anunciaron que ejercerán “todas las acciones judiciales en contra de esta medida, a fin de que se respete la sentencia y no se incurra en nuevos actos indebidos por parte de la empresa”.
Para entender la ofensiva del Sindicato N°1 hay que remontarse al origen de la disputa: la negociación colectiva que realizó la minera con un grupo de trabajadores en 2019, en ese entonces representados por el Sindicato Interempresa.
La principal agrupación sindical de la faena -con 2.400 socios- escaló el caso a la justicia y acusó que el convenio suscrito por sus compañeros había sido ilegal (por no cumplir el quórum necesario) y en desmedro de su propia organización, debilitando su representatividad.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la denuncia y determinó la nulidad de la negociación. La empresa intentó resguardar el convenio llevando el caso a la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó los recursos, respaldando el fallo.
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