A casi seis meses del apagón que dejó a gran parte del país sin electricidad el 25 de febrero, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) lanzó su ofensiva. Formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y a ocho empresas eléctricas de transmisión y generación, por su eventual responsabilidad en el corte que afectó al 98,5% de la población desde las regiones de Arica hasta Los Lagos.
El consejo directivo del Coordinador indicó que está analizando los cargos y ejercerá su derecho a defensa. En tanto, las empresas, declinaron referirse al respecto.
Tras la presentación del Estudio de Análisis de Falla (EAF) por parte del Coordinador, y luego de recibir observaciones de 830 empresas, la SEC identificó cuatro focos de la investigación: origen de la falla, la ramificación de esta o la propagación, los planes de recuperación y finalmente el estado de la coordinación y las comunicaciones.
Según informó este lunes la entidad fiscalizadora, la investigación -que tomó alrededor de cuatro meses- determinó diversos focos de análisis para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
El primer foco de la investigación, vinculado con las condiciones que originaron el mega apagón, permitió determinar -aseguró la SEC- que el Coordinador habría estado operando el sistema en condiciones inseguras. Esto, al mantener el corredor Nueva Maitencillo-Polpaico transmitiendo a 1.800 MW, superando el límite de 1.600 MW definido como seguro por sus propios estudios.
"Esta operación expuso al Sistema Eléctrico Nacional a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, como la que finalmente ocurrió", dijeron. Por ello, la SEC formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador, por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema.
Respecto del origen de la falla, se formularon dos cargos a la empresa Interchile. El primero, por no mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento; y el segundo, por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea 2x500 kV Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del CEN.
Propagación
El segundo foco de la investigación se concentró en la propagación o ramificación de la falla, es decir, en cómo esta se extendió hasta provocar el apagón masivo. En este ámbito, la SEC formuló cargos a diversas empresas de transmisión y generación eléctrica.
En el caso de Transelec, el cargo es por no contar con el Centro de Control Principal ni con el Centro de Control de Respaldo del sistema SCADA, lo que habría dificultado una adecuada supervisión y capacidad de respuesta frente a la emergencia.
Se suma Engie Energía que enfrenta dos cargos: uno por no disponer de sistemas de supervisión y control de sus instalaciones, y otro porque sus instalaciones se habrían desconectado producto de la operación de las protecciones de baja frecuencia.
Asimismo, CGE Transmisión, ALFA Transmisora y AES Andes enfrentan cargos por no contar con los sistemas de supervisión y control requeridos para sus instalaciones, lo que habría afectado su capacidad de respuesta ante la contingencia.
En tanto, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales fueron objeto de cargos debido a que sus instalaciones se habrían desconectado como consecuencia de la operación de protecciones de baja frecuencia, las que se habrían activado, antes de lo permitido, desconectándose y contribuyendo así al colapso del sistema eléctrico.
En concreto, sostuvo la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, "en el caso de la coordinación, el Coordinador Eléctrico estaba funcionando de manera inestable. En el caso de las empresas no habrían operado cómo tenían que operar".
Tras la notificación a las empresas realizada este lunes, las firmas tienen 15 días hábiles para realizar sus descargos ante la SEC y luego la entidad analiza el mérito de estos.
En cuanto a las compensaciones a los afectados por el apagón, Cabeza confirmó que, cuando ocurre un apagón como lo es en distribución, también hay compensaciones en generación y transporte: "Lo que corresponde es hacer, de acuerdo a lo que indica el cuerpo normativo legal, el cálculo de la energía no suministrada para llevarla a un valor que es una compensación por 15 veces la energía no suministrada respecto de la cantidad de horas que cada uno estuvo sin suministro".
Investigación continúa
Sin embargo, la superintendenta de la SEC aclaró: "La investigación aún no ha finalizado. Aún quedan los ejes del plan de recuperación del suministro y la coordinación y comunicaciones durante la emergencia".
En este sentido, la autoridad señaló que la investigación continuará en los focos vinculados a las eventuales responsabilidades asociadas al funcionamiento del plan de recuperación del suministro eléctrico, así como a las labores de coordinación que debió ejercer el Coordinador Eléctrico Nacional para permitir una recuperación rápida y eficiente del servicio tras la ocurrencia del apagón.
Junto con requerir eventualmente mayor información a las empresas para lo que resta de investigación, Cabeza indicó que el plazo para concluir esta indagatoria tendrá que ver con los descargos que presenten las empresas.
Pero enfatizó: "Respecto del último apagón que fue el 2011, los primeros cargos se formularon a seis meses. Nosotros estamos formulando cargos a los cuatro meses del apagón más grande que ha existido en Chile, luego de que se unieran los dos sistemas. Por lo tanto, la investigación tiene su mérito y estamos en una planificación que está en tiempo".
Multas
Respecto de las posibles sanciones, se indicó que las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). En el caso del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, cada consejero arriesga una multa de 30 UTA, las que deben ser canceladas desde su patrimonio personal, ya que dichas multas se encuentran afectas a un régimen de sanciones distinto al de las empresas.
Cabeza recalcó que el Coordinador es un ente autónomo y es financiado con un ítem de la boleta de los usuarios que se llama Cargo por Servicio Público que involucra US$ 60 millones aproximadamente de forma anual.
Consultada por lo que pasa con los consumidores, que son quienes financian esta labor, la autoridad señaló: "Esa es la pregunta de oro, porque vemos un sistema que es el coordinador eléctrico nacional. Es un sistema eléctrico que debe operar de manera segura, eficiente, económica y con acceso abierto".
"Esa función la debe cumplir el coordinador eléctrico, que como decíamos, se financia con un descuento en la boleta de todos los usuarios de la electricidad. Sin embargo, quien debe velar por el funcionamiento es el Consejo Directivo y es por eso que la Superintendencia ha cursado los cargos por no cumplir su rol de vigilancia del Coordinador Eléctrico Nacional", agregó.
Asimismo, precisó que "el cargo por servicio público es un cargo que financia, entre otras cosas, al Coordinador Eléctrico y le asigna un un presupuesto anual y con ese presupuesto anual el coordinador debe realizar sus labores y el Consejo su rol de vigilancia".
Pardow valora avance
Para el ministro de Energía, Diego Pardow, los cargos "marcan un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara cuál fue, qué fue lo que ocurrió en febrero del año pasado, esclarecer los hechos respecto de este apagón que afectó al sistema eléctrico nacional e ir también avanzando en establecer responsabilidades claras por este hecho tan significativo que significó la pérdida de cerca de US$ 450 millones en nuestra economía".
"Como ministerio vamos a seguir trabajando en que cada uno de los eslabones de nuestro ecosistema institucional puedan cumplir su trabajo y a su vez ir aprovechando las oportunidades de mejora que permitan que hechos como estos no vuelvan a ocurrir", afirmó.
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Karen Peña
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