Retiros previsionales: un persistente desafío

Los efectos económicos dañinos de los tres retiros previsionales aprobados en pandemia -y el costo en incertidumbre de los dos que fueron rechazados- han sido bien documentados. La masiva inyección de liquidez ha sido un factor determinante en el aumento de la inflación, como indicó en su momento el Banco Central, y asimismo en el alza de las tasas de interés a largo plazo, encareciendo la deuda de las empresas, los hogares y, también, el Estado.

Desde luego, la reducción en los fondos ahorrados por los cotizantes para sus futuras pensiones -hasta el 28%, según un estudio reciente- es sin duda el mayor costo social a largo plazo de esta política.

Pese a ello, algunos sectores, mayormente independientes, buscando sortear la prohibición de presentar un sexto proyecto de retiro durante un año, impulsaron el eufemismo del “autopréstamo”. Este también se sustentaba recurriendo a los fondos previsionales, pero con la supuesta obligación de restituirlos, que en la práctica era retórica, pues no se fijaban condiciones reales para ello.

El rechazo de esta iniciativa por amplia mayoría la semana pasada, con activa participación del Gobierno en la persuasión de sus parlamentarios, es una buena noticia. Pero como ya han señalado diversos actores, no pone fin al problema. Desde ya se anuncia que en abril, cumplido el plazo de un año, algunos diputados presentarán una propuesta de sexto retiro. Que eso pueda incluir a parlamentarios de oposición -como ocurrió con el autopréstamo- sería una señal ominosa de transversal inclinación populista.

 "La consecuencia política de las autoridades se juzgará en gran medida por la decisión con que mantengan su compromiso con la responsabilidad económica y fiscal en esta materia".

Pese a que varias figuras del Ejecutivo, entre ellas el Presidente Boric, fueron firmes partidarios de los retiros antes llegar al Gobierno, hoy están entre sus principales detractores, validando todos los argumentos en contra que anteriormente descartaban. Sobre ese giro los ciudadanos deben formarse su propio juicio; pero la consecuencia política de las autoridades se juzgará en gran medida por la decisión con que mantengan su compromiso con la responsabilidad económica y fiscal en esta materia.