Tribunal no acoge demanda por $ 8.450 millones de BHP contra sindicato de Spence y minera dice que apelará
El Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta se declaró incompetente para resolver el conflicto y dijo que la controversia debe ser conocida por la justicia laboral debido a que es necesario establecer si las paralizaciones se ajustaron a las normas que regulan la huelga y la negociación colectiva.
Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
Publicado: Viernes 20 de noviembre de 2026 a las 13:50 hrs.
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La disputa judicial entre Minera Spence de BHP y su sindicato de trabajadores sumó un nuevo capítulo. Luego de que la compañía presentara una demanda por $ 8.450 millones debido a las paralizaciones registradas entre junio y julio, el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta se declaró incompetente para resolver el conflicto.
La resolución, correspondiente a la causa C-3055-2026, establece que la controversia debe ser conocida por la justicia laboral, debido a que para determinar una eventual responsabilidad económica del sindicato primero es necesario establecer si las paralizaciones se ajustaron a las normas que regulan la huelga y la negociación colectiva.
El fallo representa un revés para la estrategia judicial de BHP, que había recurrido a la justicia civil para exigir una indemnización por los perjuicios económicos que atribuyó a la detención de su operación minera, ubicada en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
Sin embargo, la decisión no pone fin a la disputa. El tribunal no se pronunció sobre la legalidad de las paralizaciones ni sobre la responsabilidad del sindicato en las pérdidas reclamadas por la compañía, por lo que el conflicto podría continuar ante la justicia competente.
Minera Spence confirmó a DF Regiones que apelará ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para intentar revertir la decisión. "La compañía discrepa de lo resuelto y apelará ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta dentro del plazo legal, haciendo valer los fundamentos que respaldan la competencia de la justicia civil para conocer de esta materia", señaló la compañía.
Origen del caso
El caso se remonta a las paralizaciones ocurridas el 30 de junio y 1 de julio, y posteriormente el 7 y 8 de julio de 2026, cuando trabajadores de Spence se ausentaron de sus turnos en medio de diferencias con la empresa por el pago de beneficios económicos. BHP exigía una indemnización de $ 8.450.685.270, monto que atribuía a la pérdida de productividad, lucro cesante y gastos adicionales derivados de la interrupción de sus operaciones.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la compañía, durante la primera paralización se registraron 413 inasistencias, correspondientes a 174 trabajadores el 30 de junio y otros 239 el 1 de julio. En el segundo episodio, ocurrido una semana después, las ausencias alcanzaron a 350 trabajadores, con 150 el 7 de julio y 200 al día siguiente.
En total, la demanda contabilizó 763 inasistencias durante los cuatro turnos afectados, en un período que coincidió con el cierre del año fiscal de BHP y el cálculo de los bonos asociados al cumplimiento de metas productivas. La empresa sostuvo que los trabajadores buscaban obtener un bono extraordinario de $ 5 millones por persona, beneficio que, según argumentó, no estaba contemplado en los acuerdos laborales vigentes.
En su presentación judicial, Spence afirmó que las movilizaciones no se desarrollaron dentro de un proceso de negociación colectiva reglada y que tampoco existió una votación formal de huelga ni los avisos exigidos por la legislación.
La compañía calificó entonces las paralizaciones como ilegales y atribuyó al sindicato la responsabilidad de organizarlas y mantenerlas. En la demanda sostuvo que "las paralizaciones fueron, por tanto, derechamente ilegales".
El argumento que acogió el tribunal
Frente a la acción presentada por BHP, el Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, representado por su presidente Ronald Salcedo Guerra, presentó el 30 de octubre una excepción de incompetencia, cuestionando que un tribunal civil pudiera resolver una controversia directamente relacionada con el ejercicio de derechos laborales y sindicales. El juzgado acogió ese argumento al examinar los fundamentos de la demanda y establecer que la reclamación económica estaba vinculada exclusivamente con los días de paralización.
En uno de los puntos centrales de la resolución, el tribunal sostuvo que "el conflicto jurídico central consistiría en calificar la ilicitud, oportunidad o legalidad de la huelga".
A partir de ese análisis, el juzgado concluyó que resolver la indemnización solicitada por la minera implicaría determinar previamente si el sindicato infringió las disposiciones del Código del Trabajo sobre negociación colectiva y huelga. Para fundamentar su decisión, el tribunal recurrió al artículo 420 del Código del Trabajo, que entrega a los juzgados laborales la competencia sobre controversias relacionadas con la aplicación de normas laborales, la organización sindical y la negociación colectiva.
Otro elemento considerado fue que no existía una sentencia laboral previa que hubiera declarado ilegales las paralizaciones cuestionadas por la compañía.
La resolución también hizo una distinción respecto de aquellos conflictos en que una empresa puede recurrir a la justicia civil para reclamar indemnizaciones contra organizaciones sindicales. Según el tribunal, esa vía puede corresponder cuando se imputan actos ilícitos independientes del conflicto laboral, como destrucción de maquinaria, daños a bienes de terceros o bloqueos violentos de rutas. Sin embargo, en el caso de Spence, la demanda estaba centrada en las consecuencias económicas de las jornadas de paralización y no en hechos de esa naturaleza.
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