El extremo norte del país se posiciona entre las zonas con los precios más elevados del Gas Licuado de Petróleo (GLP) corriente, (no catalítico) con Arica a la cabeza en varios formatos, según un análisis sobre estadísticas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) correspondientes a octubre.
La capital regional tiene el cilindro más caro del país en el tamaño de cinco kilogramos (kg), con $ 16.667 y en el de 11 kg, con $ 28.417. Además tiene el segundo más caro en el de 15 kg, con $ 34.867 y en el 45 kg, con $ 113.117, solo por detrás de Puerto Montt y Antofagasta, respectivamente.
Y de hecho, en el formato de 45 kg, las tres ciudades con mayores precios promedio en octubre fueron Antofagasta, Arica e Iquique, en ese orden.
Pero Arica también destaca entre las ciudades que vieron las mayores alzas desde octubre de 2025, con un salto de 18,5% en el cilindro de 15 kg, el mayor incremento para cualquiera de las categorías.
Algo más al sur, en la región de Coquimbo, La Serena figura dentro del podio de las mayores variaciones anuales en tres de los cuatro formatos (5 kg, 15 kg y 45 kg).
Valparaíso, en cambio, lidera entre las ciudades que han visto el menor reajuste en el último año, con un alza de 4,1% en los cilindros más pequeños, 7,7% en el segundo y de apenas 3,7% en el más grande.
En tanto, como era de esperar por su especial condición geográfica y climática, en Punta Arenas se registran los menores valores en todos los formatos, con sólo $ 75.600 promedio en el cilindro de 45 kg.
Costos logísticos
El abastecimiento de gas licuado en el norte presenta particularidades asociadas a las distancias de transporte y a la infraestructura utilizada para distribuir el combustible hacia los centros de consumo.
Consultado por DF Regiones, el seremi de Energía de Tarapacá, Juan Ignacio Boudon, explicó que la formación de los precios responde tanto a variables externas como a las condiciones de abastecimiento de cada territorio. “El precio del gas licuado de petróleo está influido por factores internacionales, como el tipo de cambio y el valor de los combustibles, además de los costos de transporte, almacenamiento y distribución”, señala.
En el caso de Tarapacá, particularmente, estos últimos adquieren especial relevancia, “considerando que parte importante del abastecimiento proviene de los terminales marítimos de Mejillones, desde donde el combustible es trasladado por vía terrestre hacia nuestra región”, agrega la autoridad.
Sin embargo, Boudon destaca que, en última instancia, “el precio final del gas licuado es determinado por las empresas que lo comercializan”.
Competencia en el mercado
El alza de precios ha vuelto a encender el debate legislativo sobre el funcionamiento del mercado del gas licuado. El 7 de octubre, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados retomó la discusión del proyecto que busca mejorar la competencia y perfeccionar este mercado, iniciativa ingresada en junio de 2023 y que permanecía sin avances sustantivos en su tramitación.
La propuesta, correspondiente al boletín 16.035-03, tiene entre sus fundamentos el estudio de mercado elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2021, que identificó una baja intensidad competitiva y riesgos de coordinación entre los principales actores del segmento mayorista.
En ese análisis, el organismo estimó que las deficiencias competitivas detectadas representaban un sobrecosto de aproximadamente US$ 181 millones anuales para los consumidores a nivel nacional. La cifra corresponde a una estimación de ese período y no constituye una medición de los sobrecostos actuales ni de la situación particular de las regiones del norte.
La iniciativa legislativa apunta a modificar las condiciones de comercialización y las relaciones entre empresas mayoristas y distribuidores minoristas, con el objetivo de facilitar la entrada de nuevos competidores al mercado.
Durante la sesión de octubre, la comisión recibió al presidente de la Asociación Gremial de Distribuidores de Gas Licuado (Asdigas), Jonathan Cereceda, junto al abogado Mauricio Daza quienes expusieron antecedentes relacionados con el funcionamiento de la industria.
El proyecto permanece en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.