La Contraloría General de la República (CGR) detectó que más de 1.000 beneficiarios del programa Pro Empleo en Biobío no cumplían con los requisitos legales para su ingreso. Las irregularidades detectadas por el ente establecieron que en dichos casos, las personas “percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones por sobre los límites permitidos”.
Los hallazgos hacen alusión a transferencias realizadas en 2024 a 1.044 beneficiarios del programa para personas desempleadas. Según detalla el informe “la auditoría evidenció un conflicto de interés en la asignación de las vacantes, determinando que dirigentes sindicales proponían candidatos sin contar con facultades legales para ello”.
En esa línea, el reporte explicita que “343 beneficiarios mantenían vínculos directos con 138 dirigentes de agrupaciones, mientras que otros 116 registraban relaciones de parentesco con los encargados de las entidades ejecutoras privadas e integrantes de la coordinación regional del programa”.
Controles incompletos
Entre las anomalías, ente fiscalizador identificó 22 convenios con entidades privadas que fueron materializados, pese a que la misma Contraloría había objetado las resoluciones aprobatorias durante el trámite de toma de razón, por lo que habrían operado sin la revisión que exige el Estado para el traspaso de fondos.
Los cuestionamientos apuntaron también a los mecanismos de control y pagos utilizados en el proceso, advirtiendo que las rendiciones “eran administradas principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo correspondiente”.
El documento destaca además que 813 trabajadores contratados en establecimientos educacionales ingresaron “sin que se acreditara su idoneidad psicológica para el desarrollo de las funciones”. Las inspecciones en terreno revelaron que 15 lugares de trabajo estaban cerrados, imposibilitando la fiscalización de 75 personas, mientras que otras 33 se ausentaron de sus puestos sin justificación acreditada.
La revisión identificó además a nueve inscritos que registraron salidas del país mientras hacían uso de licencias médicas.
Como consecuencia de la gestión, se detectó el pago irregular de bonos de movilización por un total de $ 4,6 millones a beneficiarios que se encontraban con licencia médica y “transferencias por más de $ 4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios efectuadas a cuentas de personas naturales, sin que esta acción se ajuste a la normativa vigente”, indica el informe.
Sumario e ilícitos
El organismo fiscalizador ordenó la apertura de un sumario administrativo y determinó que “remitirá los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de ilícitos”.
Junto con eso, otorgó un plazo perentorio a la Delegación Presidencial del Biobío para ejecutar los procesos disciplinarios y aplicar controles en el programa.
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