La pertinencia de mantener marcos normativos diferenciados para los pueblos originarios fue cuestionada por la Asociación de Agricultores de Malleco que, junto con respaldar las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre el Convenio 169 y la Ley Lafkenche, propone analizar la eficacia de las normas vigentes.
El presidente del gremio agrícola, Sebastián Naveillán, planteó que estos y otros instrumentos legales han derivado en trabas administrativas sin que permitan resolver los problemas de fondo. “Se trata de disposiciones que lamentablemente no han caminado hacia la dirección correcta y sólo le han traído más burocracia y más problemas a Chile para tener estas leyes especiales para grupos de personas”.
Bajo esa criterio invitó a consultar al país sobre el destino de la normativa. “¿Por qué no preguntamos a todos los chilenos qué definiciones quieren respecto a leyes específicas, como la Ley Lafkenche, o más bien, como la ley indígena?”
El dirigente vinculó el debate actual con los dos procesos constitucionales que fueron rechazados por la ciudadanía. Recordó que “hace un tiempo atrás se rechazaron dos constituciones que pretendían tener privilegios de grupos de personas de distinta índole y fueron rechazados por todos los ciudadanos”.
“Somos todos chilenos”
Tras el debate surgido por las declaraciones del ministro Barros, respecto a que “el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo), la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas, son un riesgo para el país”, Naveillán afirmó que “como Asociación de Agricultores de Malleco, respaldamos los dichos del ministro Barros. Creemos que van en la línea correcta para demostrar que en Chile somos todos un solo país, somos todos chilenos y que aquí no tiene que haber ni leyes ni convenios internacionales que pongan a un grupo de personas por delante de otros”, sostuvo.
El planteamiento del líder del agro en La Araucanía surge luego que el propio Presidente, José Antonio Kast, reconociera que existen reparos respecto de la aplicación del Convenio 169 y de la Ley Lafkenche, aunque descartó avanzar en una impugnación del tratado durante su administración y que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, precisó la postura oficial de La Moneda, remarcando que el Convenio 169 de la OIT “se respeta íntegramente” y que el Ejecutivo “no va a innovar” en la materia.
Cabe destacar que la provincia de Malleco está emplazada en la llamada “zona roja” de la macrozona sur. Comunas como Collipulli, Victoria, Ercilla han sido flanco permanente de atentados atribuidos por grupos terroristas, asociados a la reivindicación del territorio mapuche.