El futuro de la mayor infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos en la macrozona sur se definirá en la máxima instancia judicial del país. Luego de que el Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia rechazara la reclamación de la compañía, WTE Araucanía ingresó un recurso de casación ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión que mantiene paralizado su proyecto de termovalorización.
La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 120 millones, busca instalar en la comuna de Lautaro una planta tecnológica para procesar desechos domiciliarios mediante combustión en parrilla.
El modelo propuesto no compite con la economía circular, sino que se ubica en la jerarquía del manejo de residuos justo antes de la disposición final. Con esto, apunta a hacerse cargo exclusivamente de aquella fracción de la basura que no fue posible reducir, reutilizar ni reciclar.
"Bomba de tiempo" logística
Para el gerente general de la empresa, Marc Thiele, la urgencia de destrabar esta inversión responde a un inminente colapso sanitario a nivel regional.
El agudo déficit de instalaciones autorizadas obliga hoy a grandes ciudades como Temuco o a diversas comunas de la isla de Chiloé (como el caso de Ancud) a exportar sus residuos por cientos de kilómetros hasta Los Ángeles. Esto los ha llevado a asumir un costo de transporte logístico que ya alcanzó el punto de equilibrio económico frente a lo que costaría procesar y valorizar esos mismos desechos en una planta de alta tecnología local.
"El problema de la basura en Chile es una bomba de tiempo que a mi juicio ya no es posible incluso detener", advierte Thiele. El ejecutivo explica que desarrollar cualquier nueva solución estructural toma un mínimo de ocho a diez años, un plazo muy superior a la vida útil que les va quedando a los cuestionados recintos actuales.
El modelo de negocios estructurado por la firma para rentabilizar el capital se sustenta en dos pilares. Por un lado, la venta de la energía producida, ya que el diseño contempla una capacidad de procesamiento de 200 mil toneladas anuales para generar una potencia eléctrica de dieciséis megavatios. Por otro, el cobro de una tarifa o "gate fee" por cada tonelada que los municipios ingresen al complejo.
Costos hundidos y "permisología"
Pese a la necesidad de contar con nueva infraestructura, la tramitación de la obra suma ya una década completa de paralización, dividida en cinco años de evaluación técnica y un lustro de etapa recursiva.
Según explica el ejecutivo, el balance del reciente revés en el Tribunal Ambiental es paradójico. Si bien se rechazó la solicitud final, los magistrados fallaron a favor de la empresa en dos de los tres puntos de fondo en disputa.
La defensa legal de la compañía detalla que el fallo del tribunal valdiviano incurre en una contradicción técnica fundamental. Si bien la justicia validó a favor de la empresa tanto la delimitación del área de influencia de las emisiones atmosféricas como la línea base de calidad del aire, mantuvo el rechazo argumentando que aún existían incertezas para descartar el riesgo sobre la salud de la población.
Para Thiele y su equipo jurídico, si los magistrados reconocieron oficialmente que los modelos matemáticos de dispersión de gases utilizados por el proyecto eran correctos, el descarte del impacto sanitario debió haberse acogido por simple consecuencia técnica. Este se convierte en el argumento central con el que esperan que el máximo tribunal retrotraiga el proceso.
A este choque legal se suma que la planta operaría bajo la estricta Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea. Además, acusan que el rechazo original se gestó por vacíos del propio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que la guía estatal para realizar dichos cálculos se publicó tres años después del ingreso del proyecto.
"La autoridad ambiental por razones políticas aprovechó esas áreas de indefinición para decir que lo que hicimos no estuvo bien, pero tampoco establece cómo debió haber sido hecho", asegura el gerente general.
Esta extensa incertidumbre jurídica ha generado un duro impacto financiero para la sociedad, asumiendo aproxiamdamnte US$ 2 millones en costos hundidos destinados a mantener estudios, defensas legales y la estructura operativa durante esta década.
El cortoplacismo político
Frente a la intensa oposición que ha generado el complejo industrial en la Municipalidad de Lautaro y en agrupaciones civiles por el temor a que la comuna se convierta en una “zona de sacrificio”, el ejecutivo asegura haber desarrollado un relacionamiento temprano favorable con las bases locales.
Recalca que esta tecnología funciona desde hace décadas en Europa, con alrededor de 500 plantas operativas en países altamente exigentes en materia ambiental como Holanda, Suiza, Suecia y Alemania. Allí, el calor de la combustión incluso se inyecta a la red para proveer calefacción distrital, con complejos que se ubican en promedio a solo cinco kilómetros del centro de las ciudades.
Además, Thiele subraya que este salto tecnológico no es exclusivo del mundo desarrollado. Naciones que enfrentan crisis logísticas similares, como Tailandia, Vietnam o incluso China (con la construcción de más de 900 plantas en la última década), están adoptando fuertemente el modelo, demostrando que no existen limitantes técnicas para que Chile avance en la misma dirección.
A juicio de Thiele, el rechazo sistemático de las autoridades chilenas hacia estas soluciones de escala industrial obedece netamente a una lógica de rédito a corto plazo. "Estos proyectos tienen un inconveniente insalvable, que es que los beneficios se ven recién a los ocho o diez años", reflexiona.
Añade que, debido a esto, los líderes políticos "se ven desincentivados a tomar las decisiones hoy y asumir los costos por tener beneficios más adelante que terminará cosechando otro", postergando así un problema estructural que terminará por estallar financieramente en las arcas municipales.
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