México impondrá aranceles de entre 10% y 50% a 16,8% del total de los diferentes productos que importa (fracciones arancelarias) desde todos los países con los que no tiene acuerdos comerciales, según un decreto firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Las mercancías importadas forman parte de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.
En suma, se aplicarán los nuevos aranceles a 1.371 fracciones arancelarias, de un total de 8.177 fracciones que integran la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) en México.
Una fracción arancelaria es un código numérico que clasifica las mercancías para efectos de comercio exterior. Se utiliza para determinar los aranceles, impuestos y regulaciones aplicables a un producto específico.
El decreto entrará en vigor a los 30 días naturales posteriores al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con la Presidenta, la iniciativa tiene el propósito de de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan “situaciones de vulnerabilidad”, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional, y así fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno.
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Los aranceles se cobrarán a productos importados desde cualquier economía adherida a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que no tenga un acuerdo comercial con México relacionado con cada producto en particular.
Según las argumentaciones del decreto, la economía nacional se integró durante años a cadenas globales de valor bajo esquemas que favorecieron la importación de insumos, lo que provocó la pérdida de ramas productivas esenciales y “una creciente vulnerabilidad” frente a choques externos.
“La apertura comercial, si bien amplió los mercados, no siempre se tradujo en una mayor capacidad tecnológica ni en un incremento del contenido nacional en nuestras exportaciones”, expone.
Seguidamente, sustenta que con esta propuesta, inspirada en el Plan México, se corregirá esta tendencia y se fortalecerá la industria nacional dado el contexto comercial internacional y la reconfiguración global.
“El objeto de esta reforma, es aprovechar nuestro mercado interno para que la producción tenga lugar en México y emplee a personas trabajadoras mexicanas, al mismo tiempo que se contribuye a equilibrar los balances de comercio exterior en beneficio de la convivencia y bienestar de todas las mexicanas y mexicanos”, justifica.
Además, se busca asegurar e incentivar que el crecimiento mexicano se traduzca en una “industrialización nacional sólida, diversificada, soberana y socialmente incluyente”.
Lee la nota completa en la web de El Economista.
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