La fintech europea SumUp logró su primera victoria para detener el alza de tarifas que realizó Transbank a los procesadores de pago luego que la compañía decidió aplicar una tarifa única y fija a la industria tras el fallo de la Corte Suprema que revirtió su esquema tarifario.
Mediante una declaración pública, SumUp detalló que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió una medida cautelar prejudicial presentada por la firma tecnológica.
De esta manera, se ordenó a Transbank no aplicar a SumUp Chile el alza de tarifas que informó con fecha 22 de agosto pasado, a fin de impedir los eventuales efectos negativos que el alza significaba y resguardar el interés común.
La empresa hizo ver que actualmente la industria atraviesa un período de “incertidumbre propia del proceso en la que nos encontramos inmersos hoy”, debido a los diversos frentes regulatorios.
Destacó que con la resolución del TDLC, se evitan “alzas de tarifas en el corto plazo asociadas al radical incremento impuesto por Transbank que afecta directamente nuestros costos operacionales”.
Recordó que SumUp al ser un procesador de servicios de pagos (PSP) usa la red de adquirencia de Transbank para procesar sus transacciones, esto con el fin de desarrollar y prestar servicios a personas, comercios y PYME desatendidas.
Criticó que la empresa controlada por la banca “está estrangulando peligrosa y arbitrariamente los márgenes de los PSP, que son competidores de Transbank en la adquirencia de comercios al sistema de pagos con tarjetas”.
Ahondó en sus dardos que Transbank haciendo ver que la firma “obstaculiza gravemente la implementación del modelo de las cuatro partes. Ello, pues uno de los beneficios de este modelo era una baja en los costos que permitiera la entrada y participación de nuevos actores contribuyendo con ello al fin al monopolio de Transbank. Al contrario, con esta alza de tarifas, Transbank perjudica a su competencia, consolidando su posición monopólica”.
Dado este escenario, SumUp se puso a disposición de la Comisión del Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio de Economía, parlamentarios y organizaciones de consumidores, junto con otros organismos competentes, “para que puedan considerar los antecedentes antes expuestos y tomar cartas en este asunto de manera urgente”.
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