Una de las mayores polémicas que dejó el trabajo del Consejo Constitucional fueron las generadas a raíz del grado de acuerdo alcanzado en la elaboración del texto que será plebiscitado el 17 de diciembre.
Mientras la oposición asegura que se alcanzó mucho más consenso del que el oficialismo quiere admitir, estos últimos sostienen que tienen escasa injerencia en el documento que evacuó el órgano. Con el fin de resolver esta controversia el Laboratorio de Democracia y Gobierno Facultad de Economía y Gobierno, de la Universidad San Sebastián realizó un estudio que podría despejar las dudas sobre el tema.
El estudio parte de la base de que la legitimidad de los resultados no sólo depende de que las propuestas sean redactadas por órganos democráticos y representativos, sino también que los acuerdos que se alcancen por dentro sean por las mayorías más amplias posibles, y no sólo las suficientes. Lo que corre tanto para un órgano legislativo como para, en este caso, un consejo constitucional. Por eso, es crucial entender cómo y dónde se generan las mayorías.
Para eso, se utiliza un sistema computacional que clasifica a los consejeros usando como input sólo sus votaciones, más allá de su postura o militancia política específica; presumiendo dos dimensiones: una que va de izquierda (-1.0) a derecha (+1.0) y la otra de liberal a conservador. Al aplicar esta técnica en las 974 votaciones en el Pleno, lo más llamativo es que ninguno de los 50 consejeros se ubica en el centro. Los que más se acercan son la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, desde la derecha, y el consejero independiente PS, Aldo Valle, desde la izquierda, sin llegar al centro o zona moderada (que se genera entre el -0.5 y +0.5).
Contrapeso
De tal manera que en el estudio quedó de manifiesto que si bien existió una polarización relevante en las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional, esto no fue un factor que influyera en el resultado. Ello, porque a diferencia de lo que ocurrió en el primer proceso constituyente, en el actual hubo un contrapeso relevante dentro del sector hegemónico, es decir, Chile Vamos y el Partido Republicano.
Ello, porque Republicanos se ubicó en el espacio donde tradicionalmente lo han hecho los partidos conservadores de la derecha tradicional, Renovación Nacional (RN), UDI y Evópoli; y estos lo hicieron donde teóricamente se ubicarían partidos más liberales, según el estudio.
Así, dice el estudio, a pesar de la polarización, 806 de las 974 votaciones en el Pleno fueron aprobadas (82,8%); en comparación, en la Convención Constitucional del proceso anterior, sólo 1.581 de las 4.377 fueron aprobadas (36.1%).
El texto concluye que la polarización fue menos determinante en el Consejo Constitucional (2023) que en la convención previa (2021-2022); que la derecha votó en dos bloques diferenciados en el eje liberal-conservador; que las diferencias en la derecha sirvieron como factor de moderación; y que los consejeros de izquierda votaron de forma relativamente coordinada.
“Prácticamente unánime”
Adicionalmente, el director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, el cientista político Kenneth Bunker, profundiza en que el mayor consenso en este proceso está dado, porque “hubo una serie de resguardos que empujaron a que hubiera acuerdo desde el comienzo. De hecho, la crítica era que era un “proceso tutelado”” y subraya que “es importante considerar que la piedra angular de la propuesta constitucional que se vota en diciembre es un documento redactado de forma prácticamente unánime por parte de la Comisión Experta, que a su vez fue nominada por el Congreso”.
Bunker es enfático al señalar que el hecho de “que no haya centro, no implica que no haya acuerdo” y que “lo importante, al fin y al cabo, es que los miembros elegidos en el proceso democrático se puedan poner de acuerdo con eficiencia y eso es precisamente lo que tenemos aquí”.
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