Hace más de una década que Chile está viviendo una megasequía, no obstante, el Ejecutivo ingresó recién este año al Congreso un proyecto de institucionalidad del agua que crea una subsecretaría de Recursos Hídricos bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas.
Una discusión que se hace urgente frente a los últimos reportes sobre cambio climático, como el de Naciones Unidas publicado en agosto pasado, que alerta de un aumento de la frecuencia de las sequías, del retroceso de glaciares y menor nivel de nieve y precipitaciones cada vez más escasas.
Frente a este contexto de crisis hídrica, el director jurídico del Foro de la Economía del Agua en España, Estanislao Arana, advierte que "no podemos llevar el agua a un debate político, ideológico, populista y sesgado. Eso es lo peor que le puede pasar al agua".
El abogado que participó en el IV Conversatorio del Foro de la Economía del Agua -entidad académica integrada por universidades españolas y chilenas- sostiene que "no podemos hacer del agua una guerra política, porque entonces al final tenemos problemas. Y eso es lo que veo, que de alguna manera está pasando en muchos países y también en Chile".
Según Arana, el debate de la institucionalidad hídrica no se debe cerrar a la idea de que el agua solo debe ser pública sin considerar a los privados, o ser administrada completamente por privados, ya que es "un grave error".
También señala que en conjunto con el cambio climático, la tierra está viviendo un perído cada vez más cálido, seco y con menos agua, y que "durará hasta 2300", un fenómeno que muestra año a año "menos volumen de agua dulce para gestionar", dice.
Para abordar este escenario, comenta que en España están reforzando y modificando cada año la institucionalidad del agua para tener seguridad hídrica. Una medida que se complementa con la implementación de soluciones hídricas, donde "la tendencia más importante hoy quizás esté en el reúso del agua", afirma Arana.
Explica que en su país el foco económico y presupuestario está en instalaciones de saneamiento para reutilizar el agua de consumo humano para riego o limpieza y que los vertidos que finalmente van al mar se realicen "en condiciones medioambientales muy altas".
Aunque todavía no se han desarrollado nuevos mecanismos para combatir la crisis hídrica, Arana explica que "ya tenemos unas condiciones técnicas y unos conocimientos científicos tan importantes que nos deben de permitir con la gestión adecuada y con una institucionalidad adecuada, resolver el problema del agua en los próximos años", estima.
El modelo español
Arana explica que Chile podría replicar los tres pilares del sistema de aguas de España: la gestión de cuencas, la delimitación de un organismo único que gestiona la cuenca, y la planificación hidrológica con carácter vinculante y normativo.
"Son normas tan importantes para la economía del país, porque del agua depende de la economía. No es solo un recurso ambiental, -es muy importante esa concepción ambiental-, pero el agua es un recurso económico fundamental. Sin agua no hay vida, pero tampoco hay economía", advierte.
El pilar básico de la Ley de Aguas española es que este recurso tiene carácter de dominio público y si bien el Estado es su dueño y posee la titularidad, el agua es pública, pero la gestión no es necesariamente pública. A veces el mismo Estado puede decidir que la gestione un particular privado, porque lo puede hacer "más eficazmente y mejor" que el Estado, explica Arana.
"Este es un elemento esencial que hay que tener en cuenta y hay que procurar despolitizar el agua", dice.
Araña comenta que la gestión hídrica no se hace por divisiones políticas territoriales, sino que se hace bajo el criterio de gestión de cuenca, un modelo en el cual "España ha sido pionera".
Explica que cada cuenca es gestionada por una autoridad del Gobierno y si es que la cuenca provee agua a más de una comunidad autónoma -regiones- se designa una confederación hidrográfica. Jerarquicamente, estos organismos responden al ministerio del Medio Ambiente.
En cuanto a la normativa, cada cuenca tiene un plan hidrológico, que se hace cada cuatro años y decide qué es lo que se hará con su volumen del agua. El reparto del recurso se hace en función de las necesidades, las solicitudes y lo que decida la autoridad de cada cuenca. El orden de la prioridad del agua es por los usos, el primero es el abastecimiento domiciliario, el segundo el riego agrícola y tercero, usos industriales.
Arana señala que ante cualquier dificultad o escasez que pueda haber en los recursos hidrícos en los usos, se acude a la Ley de Aguas para saber qué uso tiene prioridad sobre otro.
"Si hay un momento de sequía y no se puede regar el campo, tiene preferencia el abastecimiento domiciliario de agua", afirma Arana.
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