En 2018 la División de Innovación del Ministerio de Economía estaba trabajando para reformular la Ley de Incentivo Tributario a I+D -que permite a las empresas rebajar del impuesto de primera categoría, hasta el 52,55% de los recursos destinados a actividades de investigación y desarrollo-, bajo tres ejes: que fuera un beneficio más accesible a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), simplificar los procesos de postulación y ejecución de proyectos, y una eventual ampliación de la cobertura para incorporar al Corporate Venture Capital.
Esto porque hasta 2019 las cifras de empresas, proyectos y montos que estaban accediendo al beneficio tributario venía en caída. Si en 2016 hubo 119 empresas, 134 proyectos y $76 mil millones de inversión en I+D, en 2019 los números cayeron a 54, 58 y $36 mil millones, respectivamente.
Sin embargo, luego de una revisión realizada ese mismo año respecto de cómo estaba funcionando el instrumento -que no se estaba usando como esperaban-, Corfo cambió la estrategia y optó por un plan de trabajo complementario a la ley que hoy, afirman, les está entregando frutos.
“Durante 2020 se registró un ´triple récord´ en la cantidad de empresas (129) y proyectos (173) que accedieron al beneficio, así como en los montos de inversión ($76 mil millones) en I+D”, afirma el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Señala que una de las razones que explican la caída de las cifras en años anteriores es el alto grado de desconocimiento de la Ley.
Según datos del Ministerio de Economía, en 2018 un 47% de las empresas que hacían I+D en Chile no usaban ni conocían la Ley. Y por otro lado, sólo 10 empresas representaban el 37% del gasto en I+D que local, mientras que en países como Canadá, por ejemplo, 50 empresas representan un porcentaje similar (40%).
En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cerca del 75% de lo que se gasta en I+D viene del sector privado, y el resto del sector público y de las universidades. En Chile ocurre al revés: el 75% viene desde el Estado y de la academia, y el 25% restante del sector privado.
Cambio de estrategia
Terrazas señala que se requiere avanzar en un cambio cultural para que las empresas se atrevan a invertir sistemáticamente en I+D y “así nos acerquemos a una mayor competitividad de la industria en general. Para eso hay que hacer mayor uso de la Ley de I+D”, dice.
Por eso, en lugar de reformular la ley como se había anunciado, optaron por una nueva estrategia que pasa por crear un sistema de colaboración entre dicho instrumento y los programas de Corfo.
La estrategia se basa en dos pilares: capacitación y difusión de la ley, y fortalecimiento de los fondos de capital de riesgo y del programa Start-Up Chile para la creación de nuevas empresas que puedan aportar inversión en I+D, “que a futuro sean usuarias de esta ley”.
“Siempre en los proyectos de ley uno queda condicionado a la voluntad de un tercero -en este caso el Congreso- por ende, no queríamos quedar inmovilizados mientras esperábamos una nueva ley”, sostiene Terrazas.
El 55% de las empresas que se presentaron a la Ley de I+D el año pasado no conocían el instrumento, y entre los sectores que más proyectos certificaron destacan pesca y acuicultura, agrícola, minería y metalurgia, construcción y alimentos. “Esto demuestra que hay mucho espacio para seguir avanzando sin modificar la ley”, añade.
Sigue polémica por adjudicación del ITL de Corfo
Durante la semana pasada continuaron los coletazos por la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo al consorcio Associated Universities Inc (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y que involucra recursos por US$ 194 millones en diez años.
El martes la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para indagar supuestas irregularidades en el proceso de licitación, del que se ha cuestionado la idoneidad de los evaluadores, la transparencia del proceso y una modificación de las bases. Y al día siguiente, la Corte Suprema declaró admisible a trámite el recurso presentado por la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT) -consorcio que obtuvo el segundo lugar en la licitación- y que busca revertir la adjudicación de ITL al consorcio AUI por las supuestas irregularidades.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, aseguró estar tranquilo y disponible para entregar la información que se requiera a fin de despejar las dudas que hay sobre el proceso, asegurando que no hay ninguna posibilidad de detectar alguna irregularidad.
"En la medida en que no se politice y los organismos hagan su trabajo, quedará demostrado que el procedimiento fue legal y que hay un legítimo ganador. Es la mejor instancia para desacreditar las falsas imputaciones que se le han hecho a un proceso intachable", asegura.
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