En el marco del Acuerdo de París de 2015 y de los compromisos ambientales -las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)- asumidos ante Naciones Unidas, Chile se propuso realizar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con bajadas sectoriales para siete áreas prioritarias, entre ellas el silvoagropecuario, sector que abarca agricultura, ganadería y forestal.
Luego de tres años de trabajo, a fines de marzo pasado, autoridades del Gobierno finalizaron el proceso de actualización de la nueva hoja de ruta para el período 2023-2027.
El diseño del nuevo Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario (PANCC-SAP) estuvo a cargo de los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura (Minagri).
Daniela Acuña, directora (s) de Odepa, explica que el primer plan para este sector se ejecutó entre 2013 y 2018. “Hicimos un análisis de resultados y nos dimos cuenta de que necesitábamos un nuevo plan, por lo que empezamos a buscar financiamiento, ya que había que robustecer las medidas para este sector”, dice.
Para la actualización se adjudicaron US$ 500 mil del Fondo Verde del Clima, mecanismo financiero de Naciones Unidas, en tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia implementadora.
Acuña señala que el nuevo plan busca “dar respuesta a las necesidades de los agricultores, sobre todo a aquellos más vulnerables, con medidas concretas desde el sector público para que puedan adaptarse mejor a este escenario de cambio climático, que seguirá agudizándose cada vez más”.
El proceso de elaboración, que comenzó en 2020, consideró la participación de más de 850 personas en la etapa de consulta pública, incluidos representantes de la mediana y gran empresa silvoagropecuaria, pequeños productores silvoagropecuarios, pueblos originarios y centros de investigación.
“La creación del plan, a diferencia de la primera versión, tuvo una perspectiva mucho más centrada en la territorialidad, con talleres regionales y comités técnicos regionales de cambio climático relacionado a agricultura, y con un enfoque de género. Además, hoy hay problemas mucho más evidentes en relación a la sequía, por lo que era necesario analizar los territorios”, comenta Acuña.
Medidas
Esta actualización define 12 medidas y 76 acciones vinculadas a temas hídricos, conservación de ecosistemas naturales, información meteorológica y gestión del suelo.
Entre las medidas destacan la incorporación de acciones adaptativas para reducir el riesgo de incendios forestales, el desarrollo de un plan piloto de adaptación al cambio climático para el sector en la región de Aysén e incorporar tecnologías para la eficiencia del riego.
“Como parte de estas iniciativas, desarrollamos también un sistema de seguimiento y monitoreo con indicadores asociados a las distintas medidas, para que al final esto no quede en el aire y se pueda dar cuenta realmente si se está avanzando y hacer los ajustes que se requieran dependiendo del caso”, afirma Acuña.
La Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) que fue promulgada en junio pasado, siguiendo lo establecido por las NDC, definió siete áreas prioritarias -biodiversidad, pesca y acuicultura, silvoagropecuario, salud, energía, infraestructura, y ciudades y turismo- las que deben contar con plan de adaptación al cambio climático.
Con el lanzamiento del PANCC-SAP, el sector silvoagropecuario se transforma en el primero de los siete en contar con un plan de adaptación, el que comenzará a ejecutarse una vez que se publique el reglamento de la LMCC.
La actualización del Plan de Adaptación del sector silvoagropecuario, que hoy está en estado de anteproyecto, comenzará a entrar en vigencia a más tardar en junio de este año, cuando el Ministerio del Medio Ambiente publique el reglamento de la Ley Marco, “por lo que estamos a la espera de que eso avance”, señala.
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