A principios de julio, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de ley que regula los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), que ingresó el Ejecutivo en mayo pasado.
El mensaje consta de 31 artículos permanentes y tres disposiciones transitorias, y el contenido se divide según ámbito de aplicación, definiciones y clasificación de los sistemas de IA según nivel de riesgo -inaceptable, alto, riesgo limitado y sin riesgo evidente-, gobernanza, medidas de apoyo a la innovación, infracciones y sanciones.
Uno de los ejes de la propuesta es promover medidas de apoyo a empresas de menor tamaño, considerando los intereses de los proveedores y los usuarios de sistemas de IA a pequeña escala.
Entre las medidas para fomentar el desarrollo de esta tecnología, está el acceso prioritario a startups a espacios controlados de prueba y validación (sandbox) de sistemas de IA; el impulso al desarrollo de capacidades relacionadas al uso de esta tecnología; y el fomento a la participación de representantes de pequeñas empresas en el Consejo Asesor Técnico de IA propuesto en el proyecto.
DF consultó a tres startups que crean y aplican IA en sus servicios, quienes coincidieron en que la propuesta regulatoria fomenta el desarrollo de esta tecnología a nivel local, pero alertaron de algunos temas que deben resolverse en el marco de la discusión.
El product director de la fintech Xepelin- que desarrolló un software integrado de IA- Lucas Rencoret, afirmó que el proyecto “entrega herramientas que facilitarían a las empresas de menor tamaño desarrollar soluciones” y que va “en la dirección correcta”, debido a que se trata de un “punto híbrido” entre el modelo de autorregulación de Estados Unidos y el de la Unión Europea (UE), ya que a diferencia de este último que exige una certificación previa de la solución antes de salir al mercado, Chile no la requiere.
“Las empresas pueden anunciar libremente en qué nivel de riesgo van a estar (expost)”, afirmó Rencoret.
No obstante, comentó que el mayor desafío va a estar en la implementación de los sandbox, y que estos cumplan con los requerimientos que necesitan las empresas para poder hacer uso correcto de su infraestructura.
“Si es que tú no tienes bien desarrollada esa capa de servicios, va a ser difícil, ahí hay un gran desafío”, agregó.
En tanto, el CEO de RedCapital -plataforma de crowdfunding y financiamiento digital para pequeñas y medianas empresas-, Gustavo Ananía, señaló que la propuesta de ley permitiría fomentar la innovación al contar con mayores certezas jurídicas sobre el uso de estas tecnologías.
“Va a permitir saber cuánto tiempo y dinero puedo invertir en desarrollar algo que yo sé que no voy a tener problemas regulatorios. Eso sin duda es clave para que todos podamos ir generando soluciones que finalmente van a beneficiar a los usuarios”, comentó Ananía.
También indicó que el proyecto podría limitar el desarrollo de nuevas startups y soluciones con IA, al establecer nuevas reglas y “cargas adicionales” para desarrolladores. Así, llamó a considerar la carga operativa que pueda traer la nueva regulación, como los costos asociados a las empresas de menor tamaño que tengan que informar sobre sus desarrollos y niveles de riesgo.
“Vemos con buen ojo que haya excepciones para las empresas de menor tamaño. Ahora, hay que saber bien cómo va a terminar siendo esa carga regulatoria. Por ejemplo, un emprendedor que recién empieza a desarrollar una idea, esos costos asociados finalmente podrían no permitirle hacer el proyecto, ya que va a necesitar levantar capital, lo que es bien difícil”, señaló Ananía.
“Vacío legal”
El director comercial y cofundador de Drivin -plataforma con IA de planificación óptima de rutas, trazabilidad de entregas y control de vehículos-, Nicolás Kunstmann, afirmó que está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, pero más que un modelo de certificación expost, como el que plantea la regulación, prefiere el europeo.
“El modelo de la UE (exante) permite a las empresas corregir sobre la marcha y evitar encontrarse con problemas, como que te digan, cuando ya tienes recursos invertidos y el sistema desarrollado, ‘no lo puedes vender o no lo puedes implementar’”, advirtió el ejecutivo.
Comentó que, aunque la propuesta regulatoria del Gobierno establece estándares más “flexibles” para fomentar la innovación en las empresas de menor tamaño, como las startups, gran parte de sus clientes son las grandes empresas o multinacionales, por lo que no sabe qué va a “pasar con esa tecnología cuando en definitiva llegue a una empresa grande”.
Agregó que “se genera un vacío legal gigante” al momento en que un sistema o tecnología de IA desarrollado por una startup o empresa de menor tamaño es comprada por una compañía grande, ya que “está sujeta a una ley diferente a la empresa chica”.
Su preocupación, explicó, es si la empresa grande, tras adquirir esa tecnología, en la práctica, “la va a poder comprar o utilizar”.
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