El estallido social y la crisis sanitaria han sido dos fenómenos que han afectado a miles de empresas a lo largo del país (más de 92.000 se acogieron a la Ley de Protección al Empleo). Muchas compañías, que arrastraban problemas financieros, se vieron incluso más damnificadas por la baja actividad económica.
En los últimos meses, empresas como Vandline (industria textil), Balthus (gimnasio) y ABCDin (retail) han iniciado procesos de quiebra luego de profundas bajas en sus activos.
Durante la primera parte del año, el número de quiebras no fue tan notorio producto de los paquetes de ayuda estatal, la flexibilización del pago de créditos y la posibilidad de retirar el 10% previsional. No obstante, expertos coinciden en que una vez que estos beneficios terminen, el número de empresas insolventes podría aumentar.
Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, un total de 1.142 compañías han pedido la quiebra entre enero y agosto. De hecho, durante ese último mes, se registraron 155 solicitudes para iniciar el proceso de liquidación, un 6,9% más en comparación con el mismo plazo de 2019.
Sin embargo, los malos resultados no solo afectan a las empresas. Según la información entregada por el mismo organismo, han sido 3.438 personas las que han iniciado un proceso de quiebra.
Si bien muchas sociedades han comenzado los trámites para declararse en bancarrota, existen diversas alternativas para evitar iniciar este proceso.
Estas alternativas dependen “de la composición del pasivo y activo que tenga la empresa que está con problemas. No es lo mismo tener deudas bancarias versus tener deudas en la Tesorería General de la República”, dice a DFMAS Pedro Eguiguren, socio fundador de Eguiguren Abogados.
Ojo con el Estatuto PYME
En febrero de 2010 entró en vigencia la Ley 20.416, más conocida como el “Estatuto PYME”. Esta normativa, que se creó para proteger y dar relevancia a las pequeñas y medianas empresas, puede ser una ayuda cuando una compañía está en una mala situación económica.
Si bien esta ley tiene detractores, en la actualidad ofrece algo que muchos empresarios y emprendedores no conocen: las asesorías económicas de insolvencia.
Cuando una empresa está en estado de insolvencia —el momento donde las compañías no pueden pagar una o más de sus obligaciones en los términos descritos en la ley— podrán solicitar, de forma voluntaria, este beneficio.
En este proceso se realiza un estudio de la situación financiera para que la sociedad evite entrar en un proceso de quiebra. De hecho, se puede emitir un certificado que exponga el difícil momento económico que está experimentando la entidad y que permite suspender, por 90 días, embargos, solicitudes de quiebra, juicios tributarios, entre otros.
Según Ricardo Ibáñez, socio del estudio Defensa Deudores, la asesoría económica de insolvencia es una buena alternativa para las PYME porque “pueden reestructurar las deudas y llegar a acuerdos de pago con todos los acreedores. Todo esto en un procedimiento que es administrativo y no judicial”.
Ley 20.720
Si la empresa ya solicitó los beneficios del Estatuto PYME, pero aún necesita tiempo para pagarle a sus acreedores, existe otra alternativa: la Ley 20.720, la cual entró en vigor hace seis años.
Esta normativa permite que empresas y personas naturales inicien un proceso de reorganización y de liquidación. Para acogerse a esta ley, es necesario que existan moras por más de 90 días y que estas sumen más de 80 Unidades de Fomento (UF), es decir, $ 2.300.000 aproximadamente.
Si el deudor se acoge a esta ley, podrá acceder a nuevas y mejores condiciones para el pago de sus obligaciones. Además, se podrá posponer el pago de las deudas por otros noventa días, lo cual, en conjunto con el Estatuto PYME, entrega 180 días para que una sociedad pueda reorganizarse financieramente.
Aumento de capital
Otra vía para salvar a una empresa que es económicamente viable es el aumento de capital. Este es un mecanismo que muchas entidades aceptan porque no implica pasar por un proceso judicial.
En la actualidad existen muchos fondos de inversión que buscan comprar participación en compañías que están con problemas de flujo, pero no estructurales. Con este procedimiento, se invita a ciertas empresas o personas a participar de una sociedad para así aumentar el capital y hacerse cargo de las deudas.
Según Ibáñez, este mecanismo puede funcionar muy bien para los negocios que hoy están mal financieramente producto de la crisis sanitaria pero que tendrán buenos resultados una vez que esta termine. Por ejemplo, colegios, restoranes y jardines infantiles.
Repactación
Cuando las personas naturales tienen problemas con el pago de créditos y no tienen el flujo de caja para enfrentar las deudas, la repactación de créditos con la institución financiera puede ser una alternativa rápida y eficiente.
Con este mecanismo, el cliente busca establecer nuevas condiciones para el crédito. Esto puede significar, por ejemplo, una extensión en el pago de las cuotas a un menor precio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este mecanismo puede aumentar los intereses.
“En la medida que los malos resultados sean transitorios, se debe acudir a la repactacion de las deudas para ajustar los pagos a la nueva realidad”, sostiene Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo.
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