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Política

Paz en suspenso: La fractura que dejó el informe para el acuerdo de tierras en la macrozona sur

Tras dos años de trabajo, el acuerdo político que buscaba dar una salida al conflicto territorial en la Macrozona Sur se fracturó, abriendo un nuevo capítulo de divisiones. El informe -aprobado sin unanimidad- será entregado el martes al Presidente Gabriel Boric, pero ya enfrenta un complejo escenario en el Congreso, donde la derecha marca distancia.

Por: Paula Comandari

Publicado: Sábado 3 de mayo de 2025 a las 21:00 hrs.

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La semana comenzó con optimismo entre los ocho expertos de distintas sensibilidades políticas que integran la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Durante dos años trabajaron para diseñar una propuesta consensuada que permitiera una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La idea: establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

Tras un trabajo incansable, estaban ad portas de firmar un texto que los representaba a todos y que cada miembro describía como un acuerdo histórico.

Hasta el lunes, cuando afinaban los últimos detalles, nada hacía presagiar contratiempos. Ya se había logrado avanzar en aspectos claves, como que la deuda con el pueblo indígena se pagara de manera individual -no colectiva-, que se estableciera un plazo para las compensaciones y que se permitiera arrendar tierras como cualquier ciudadano.

Pero entonces surgieron las primeras señales de duda. La senadora Carmen Gloria Aravena, republicana hasta esta semana, y Sebastián Naveillán, representante del mundo agrícola, comenzaron a manifestar reparos. Alegaron que se habían introducido cambios de última hora.

El miércoles, a las 23:59, vencía el plazo para votar. La tensión era tal que el tiempo se amplió una hora más en un intento desesperado por sellar el acuerdo con todas las firmas.

Finalmente, Aravena apoyó el acuerdo. Pero a un alto costo: renunciar al Partido Republicano, asegurando que las presiones para que rechazara el entendimiento habían sido feroces. La decisión la deja sin posibilidad de reelección y al partido de José Antonio Kast sin representación en el Senado.

Naveillán, en cambio, se mantuvo firme en su negativa. Su rechazo dejó al acuerdo sin la unanimidad que la comisión había definido como condición para que el texto sirviera de base para la solución con el pueblo mapuche. Y, sobre todo, para que pudiera presentarse como una propuesta transversal y cerrada, lista para abrir una consulta indígena y luego ser votada en el Congreso.

El voto de la discordia

Naveillán justifica su rechazo por desacuerdos de fondo y también por lo que describió como “cambios de último minuto que alteraron las reglas del juego”. Asegura haber votado en contra de 18 de los 22 puntos en discusión, pese a que el exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno -uno de los grandes impulsores del acuerdo-, defiende con fuerza el pacto.

“No tiene nada de octubrista ni de indigenista”, recalca Moreno. Todo lo contrario, dice. Según él, el contenido pactado con la izquierda es inaudito, considerando que incluso supera los principios y las ideas que la derecha ha promovido durante décadas. De hecho, él recuerda que él mismo -como titular de Desarrollo Social- impulsó una consulta para permitir el arriendo de tierras mapuche, que terminó bajando, por el enorme rechazo de la entonces oposición. “Este acuerdo va mucho más lejos”, insiste.

Aun así, Moreno ya comenzó a enfrentar críticas desde su propio sector. Algunos sostienen que la política se infiltró en el proceso, poniendo en jaque una posible solución a un conflicto que ha dividido al país durante años.

Por su parte, Naveillán afirma que “a último minuto me pusieron condiciones nuevas que no me las quise tragar”.

El punto más conflictivo para él fue la creación de un tribunal que, después de cuatro años, podría abrir procesos para buscar y asegurar 240 mil hectáreas para tierras indígenas. A su juicio, esa fórmula prolonga el problema en lugar de resolverlo y otorga demasiado poder a una nueva institucionalidad sin respaldo financiero claro ni detalles sobre su composición. Además, 100 mil hectáreas debían provenir del Fisco, cuando -según él- “Bienes Nacionales ni siquiera ha hecho un catastro”.

Naveillán sostiene que su mandato era cerrar definitivamente el tema de las compras de tierras, no abrir un nuevo capítulo. Por eso, cuando se propuso que el Estado garantizara nuevas hectáreas a futuro, sintió que el acuerdo ya no era el mismo. También reprocha que la Secretaría Ejecutiva -representante del Gobierno- nunca entregó el informe final con el detalle de los puntos a firmar, que sólo fueron leídos en la sesión online que sostuvieron el día miércoles.

Los detalles del acuerdo

La propuesta discutida durante meses buscaba evitar que el conflicto por tierras siguiera creciendo de forma indefinida, como ocurre actualmente. Hoy, el Estado tiene comprometidas 400 mil hectáreas -con un costo estimado de US$ 3.500 millones- y cada día se suman nuevas solicitudes que se aprueban casi automáticamente, generando una espiral sin tope.

La idea central del acuerdo era detener esa dinámica. Se propuso cerrar el ingreso de nuevas peticiones para limitar la cantidad de tierras comprometidas. Para quienes quedaran fuera, se contemplaba un fondo adicional de US$ 500 millones que permitiría ofrecer alternativas: acceso a vivienda, infraestructura, pago de créditos hipotecarios o compensaciones económicas. Una innovación nunca antes vista, ni de lejos.

También se planteó separar claramente a compradores y vendedores: sólo se podría adquirir terrenos ofrecidos voluntariamente en un catastro abierto por seis meses, en un proceso liderado por una nueva agencia, que dejaba fuera la posibilidad de que los mapuches buscaran terrenos, porque lo que ocurre hasta ahora, es que lo consiguen con presiones consideradas indebidas.

Pasado ese plazo, no podrían sumarse nuevos predios, lo que -según Moreno- permitiría dar transparencia al proceso y evitar compras forzadas.

Para responder a la preocupación de que no hubiera suficientes ofertas de tierras, se desarrolló una revisión única al cuarto año, que es el punto de quiebre con Naveillán. Si en alguna provincia no se alcanzaba al menos la mitad de las hectáreas necesarias, se abriría una nueva ventana de tres meses para buscar nuevos vendedores.

Además, si después de seis años una comunidad consideraba que el sistema no había respondido a sus necesidades, podría optar por compensaciones económicas en lugar de tierras.

El objetivo era claro: establecer un sistema con monto y tiempo limitados, ofrecer soluciones alternativas a la entrega de tierras y frenar el crecimiento descontrolado del costo estatal.

La arremetida republicana

Carmen Gloria Aravena asegura que no podía rechazar un acuerdo que había ayudado a construir y que respondía a los intereses de La Araucanía. Sin embargo, desde el Partido Republicano alegan que ella misma había identificado líneas rojas intransables.

Ahora los Republicanos preparan una ofensiva política contra el acuerdo, con un despliegue que comparan al que realizaron durante el debate de la reforma previsional. Esta vez, con una clara diferencia: Chile Vamos parece seguir el mismo camino, aunque con cautela. “Sin unanimidad es difícil que el acuerdo prospere en el Congreso”, anticipa Rodrigo Galilea, presidente de RN, quien está a la espera de conocer los detalles del documento.

La UDI tampoco está cómoda. Su presidente, Guillermo Ramírez, califica como “una locura” la cantidad de tierras y recursos comprometidos, además de criticar la creación de más burocracia. También cuestiona que el acuerdo no reconozca explícitamente la existencia de grupos terroristas en la zona.

Una mirada que contrasta con la de Alfredo Moreno. Él recuerda que ni el terrorismo ni la violencia fueron temas de la comisión, cuyo mandato se limitó a realizar un catastro de tierras y proponer un sistema de reparación. “Jamás sostuvimos una reunión con expertos de seguridad”, afirma. Aun así, destaca que, por primera vez en 30 años, el acuerdo también contempla compensaciones para las víctimas de la violencia rural -mapuches y no mapuches-, un avance que, según Moreno, es uno de los logros más significativos de la comisión.

La visión optimista del exministro contrasta con Naveillán, también representante de derecha, quien subraya que el acuerdo aborda los “actos de carácter terrorista” en el capítulo de víctimas, pero que el senador Huenchumilla añadió un asterisco en el que da su voto, pero añade que es la justicia, la que define si existe terrorismo o no. Según Naveillán, esa fórmula diluye el reconocimiento explícito que la derecha exigía.

Evelyn Matthei también se alineó con la posición crítica. La candidata de Chile Vamos sostuvo que sin el reconocimiento del terrorismo no puede haber entendimiento y que entregar tierras, por sí solo, no asegura la paz. “Si no, miremos Temucuicui”, advirtió.

El debate que viene no sólo se centrará en el contenido del documento, sino que también en una pregunta política más profunda: ¿pueden prosperar acuerdos de esta magnitud sin un apoyo trasversal? La falta de consenso en la derecha y la presión creciente de los Republicanos, hacen que el camino se torne incierto.

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