Todos los grandes protagonistas del bullado caso Caval ya han desfilado para declarar en las oficinas del Fiscal Regional de O'Higgins, Luis Toledo, quien desde el 17 de febrero de 2015 fue designado para investigar la compra por parte de la Sociedad Caval -perteneciente a la nuera de la presidenta Natalia Campagnon y Mauricio Valero- de tres fundos en la comuna de Machalí.
El motivo para investigar nació de una denuncia de Renovación Nacional que solicitó indagar las condiciones en que se hizo la adquisición de los terrenos, luego de un crédito por $ 6.500 millones aprobado por el Banco de Chile a la sociedad para realizar dicha compra.
Tras siete meses de investigación, Toledo busca establecer la concreción de los delitos de cohecho, soborno, negociación incompatible y tráfico de influencias, para comprobar si hubo presión de funcionarios públicos en el negocio, a raíz de la promesa que hiciera Caval al recomprador de los terrenos, Hugo Silva, respecto al cambio de uso de suelo (de rural a urbano) que supuestamente iba a ser aprobado con prontitud.
Avance del proceso
El fiscal trabaja sin plazos ni premuras para llevar a cabo el proceso de formalizaciones, pero el avance de la investigación indicaría que en octubre podría hacerse dicha diligencia.
La semana pasada, eso sí, ya hubo un importante hecho que sustentaría la línea investigativa del Ministerio Público en torno a la participación de funcionarios del Estado para apurar el cambio de uso de suelo. Así, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, apuntando a eventuales delitos de cohecho en la Municipalidad de Machalí por parte del ex director de Obras Jorge Silva Menares y la ex funcionaria de esa repartición, la arquitecta Cynthia Ross Wiesner.
La presentación imputa también el delito de soborno en contra de Juan Díaz Sepúlveda, ex asesor del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín. El texto también va dirigido en contra de todos quienes resulten responsables. El hijo de la mandataria Sebastián Dávalos no fue incluido en el libelo, pese a estar querellado por su supuesta participación en el negocio cuando ejercía el cargo de director de la División Socio Cultural de la Presidencia, por no reunirse todas las pruebas necesarias para acusarlo de haber perjudicado el patrimonio del Estado por prácticas ilegales.
Los diferentes actores de esta historia (ver recuadro) siguen a la espera si finalmente son o no formalizados por los delitos que se investigan; mientras, el Fiscal Toledo -quien presentará sus antecedentes para suceder en el cargo de Fiscal Nacional a Sabas Chahuán-, continúa haciendo diligencias centrándose por estas semanas en el computador de Dávalos, en orden a recuperar los datos borrados, para poder procesarlos con el fin de establecer eventuales pruebas que lo sindiquen como autor de los delitos por los cuales está imputado.
Comisión Caval coloca sus ojos en Palacio
El diputado miembro de la comisión investigadora Issa Kort (UDI) explica que no quedaron satisfechos con la declaración del director administrativo de la presidencia, Cristián Riquelme, para que explicara por qué Dávalos había pedido borrar sus carpetas del computador que ocupó cuando trabajaba en La Moneda.
El parlamentario afirma que "hay que investigar el computador, pero también lo que pasa dentro de La Moneda en muchas aristas. Hay mucho más temas que sacar y volver a hacerles preguntas a Riquelme a ver si se atreve a responderlas".
Respecto a la labor del fiscal, al parlamentario no le apuran los plazos, mientras siga trabajando con la rigurosidad con la que se ha desempeñado hasta ahora: "Cuando uno se da cuenta que el Fiscal está llevando la investigación de manera ejemplar, respaldamos los tiempos que se tome para poder hacer las formalizaciones. Nos gustaría, claro, por un tema de ansiedad que sea antes, pero no hay que apurar".
Kort cree, eso sí, que no se deben apuntar los dardos contra la Presidenta, sino que hay que hacia los hechos.
Las dudas de La Moneda
En el gobierno ya hicieron una autocrítica sobre el pésimo manejo que tuvo el caso cuando estalló en febrero. "Se hizo un análisis crudo en torno que no se hicieron las cosas bien desde todos los puntos de vista", afirma una alta fuente de gobierno.
Sin embargo, pese a ese negativo diagnóstico aún La Moneda no tiene un plan estratégico para seguir enfrentando un caso que puede seguir mermando la imagen de la Presidenta, tanto a nivel internacional como nacional.
En ese sentido, en Palacio están conscientes que Dávalos seguirá "trayendo problemas como la imprudencia que cometió con el PC", afirma la misma fuente, agregando que habrá que actuar con cautela y asumir que el hijo de la mandataria puede ser formalizado, recibir medidas cautelares como prisión preventiva, hasta poder resultar condenado. Incluso en ese último eslabón, si es que saliera absuelto las dudas en la ciudadanía serían muy difíciles de borrar.
Aún tampoco se sabe si la presidenta en sus "entrevistas de TV dieciocheras" abordará este tema y hará un mea culpa -quizás más duro que el realizado en la entrevista a Don Francisco- por el actuar de su hijo que sigue sumando nuevos capítulos a esta historia, luego de haberse conocido la orden que dio para eliminar todos los datos de su computador.
Los posibles formalizados
Natalia Campagnon y Mauricio Valero: Dueños de Caval. Se les investiga la adquisición del crédito y los alcances del negocio inmobiliario, apuntando a los delitos de cohecho.
Sebastián Dávalos: Hijo de la presidenta Michelle Bachelet.
Se le investiga su participación en el negocio y el posible tráfico de influencias. Se abrió también una denuncia por su paso por la Direcon en 2012, período donde también figuró trabajando para Caval.
Cynthia Ross: Arquitecta que elaboró un informe de tasación de los terrenos. Trabajó en el municipio de Machalí. Fue querellada por el CDE.
Jorge Silva Menares: Ex director de Obras de la Municipalidad. También es investigado por posible delito de cohecho, junto a Ross. Fue querellado por el CDE.
Wilfredo Valdés: Ex seremi de Vivienda. Imputado por los delitos de violación de secretos del funcionario público, negociación incompatible, y por cohecho.
las estrategias que debería seguir el gobierno
El director del Magister en Comunicación Estratégica la UAI, Juan Cristóbal Portales, plantea un crítico análisis del actuar comunicacional del gobierno para enfrentar el caso hasta ahora: "La estrategia seguida por el gobierno tiene todos los elementos para configurar un manual de cómo agravar una crisis. Primero, se ha desconocido desde La Moneda la verdadera fuente de poder, credibilidad y capacidad de coacción para enfrentar el caso. Todos estos elementos los reúne hoy por hoy la Fiscalía y actores ávidos de visibilizar y prevalecer sus agendas políticas individuales".
Segundo, agrega, "persistentemente se ha tratado de negar, minimizar o confundir el problema recurriendo a argumentos, puestas en escena (conferencia de prensa irrisoria con corresponsales extranjeros) o eufemismos que sólo apuntan a proteger a Dávalos y Cía. Última comedia de equívocos por el computador del hijo de la Presidenta revela no sólo este intento de encubrimiento; también un grado de inoperancia política y falta de compromiso con la verdad (requisito fundamental para superar una crisis)".
¿Qué debiera hacer el gobierno? El académico plantea dos líneas: "Reconocer las fuentes de poder del problema y dar cumplimiento a las 3C, o claves del mensaje de crisis: conciencia (identificar las fuentes de la crisis), control efectivo de daños y compromiso con la verdad y reparación de fondo. Esto implica en el caso de la Presidenta reconocer públicamente la gravedad del comportamiento de su hijo, el daño que implica para la construcción de su modelo inclusivo e igualitario, y dejar que las instituciones funcionen. Lo otro es simplemente negar...hasta morir".
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