En el marco del proceso de implementación de la reforma tributaria, a fines del 2015 la Tesorería General de la República (TGR) dio a conocer una nueva política de convenios de pago y de condonaciones de deudas morosas, que en algunos casos permitía a contribuyentes acceder a rebajas de hasta 70% y facilidades de cancelación de deudas por hasta 24 cuotas. La iniciativa beneficiaría a unos 539 mil deudores morosos por casi US$ 4.000 millones.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría al proceso y detectó una serie de errores en la aplicación y diseño de la nueva política. En un informe evacuado el 24 de marzo, el órgano de control advirtió una serie de situaciones como la falta de respaldo para la otorgación de condonaciones, falta de emisión de actos administrativos formales para aprobar los convenios, y facilidades extendidas a contribuyentes que estaban excluidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En un informe de 26 páginas enviado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y al Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, la entidad revisó un universo de 8.393 convenios suscritos por la TGR con contribuyentes en la Región Metropolitana, entre el 1 de octubre de 2015 y el 3 de enero de 2016, con un monto neto demandado de $ 47.900 millones (US$ 71,8 millones). La muestra tomó 96 casos por $ 9 mil millones (US$ 13,8 millones).
De este total, la Contraloría detectó suscripciones de convenios de pago de condonaciones con contribuyentes excluidos por el SII para acceder a esos beneficios, cuyas deudas morosas ascendían a $ 370 millones. A raíz de aquello, instruyó la realización de un sumario administrativo en la TGR y solicitó informar en 60 días sobre la invalidación de los cuatro casos objetados.
Además, Contraloría estableció que en los expedientes de 19 casos, que en conjunto representan una deuda neta de $ 4.923 millones, no se acompañó el “certificado de exclusiones” que acredita que el contribuyente no está inhabilitado por el SII para acceder a los beneficios de condonación.
En sus descargos, la TGR señaló que el SII informa semanalmente la nómina de contribuyentes excluidos, la que es ingresada al sistema de convenios y condonaciones y que el bloqueo se efectúa por la plataforma informática. “Acompañar un antecedente impreso para que se realice una validación manual del cumplimiento de este requisito es absolutamente innecesario e ineficaz”, dijo la Tesorería. A pesar de esta respuesta, la Contraloría mantuvo la observación.
“La falta de dicho documento puede implicar el riesgo de haber concedido las facilidades de pago y la condonación de intereses y multas a deudores morosos expresamente excluidos por el SII”, advirtió el escrito.
Antecedentes “insuficientes”
La entidad liderada por Bermúdez detectó, además, suscripciones de convenios de pago especiales por una deuda neta total de $ 3.974 millones sin contar con antecedentes “suficientes” que acrediten la situación socio-económica “crítica” de los contribuyentes.
El organismo advirtió que se verificó que la documentación proporcionada por Tesorería, sobre convenios con 11 deudores morosos, no incluyó antecedentes como un informe elaborado por un asistente social, certificados médicos y de deudas comerciales, o informe del recaudador fiscal “que acrediten que esos contribuyentes se encontraban en una situación socio-económica crítica”. Este requisito es esencial para establecer la capacidad de pago del contribuyente. Además, acreditó la “carencia” de certificado de deudas que acrediten el total del monto adeudado en 11 convenios por una deuda neta de $ 4.524 millones. En su respuesta, la TGR señaló que era una “exigencia innecesaria” incorporar esos antecedentes.
“La TGR deberá comprobar dicha condición en el plazo de 60 días hábiles”, dijo la Contraloría en el informe.
En otro tópico, se advirtió la falta de emisión de actos administrativos “formales” para aprobar los convenios celebrados entre la TGR y los contribuyentes para el pago de las deudas morosas de impuestos y créditos fiscales, “cuya observancia se constatará en una futura auditoría”.
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