- ¿Qué le parecieron las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott? ¿Fue imprudente?
- No voy a calificar sus declaraciones. Más bien me quedo con lo que dice de que respeta la decisión del SII. Lo que él no comparte es que la facultad de la acción penal esté radicada exclusivamente en el servicio, así como no comparte que en el caso de los delitos económicos esté radicada exclusivamente en la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Esos son elementos que deben discutirse en la sede legislativa, no corresponde estar planteando esas opiniones por la prensa. Ahí lo relevante es que si es su opinión, la canalice a través de la sede legislativa. Mientras la ley le otorgue al SII esa facultad, nosotros tenemos que ejercerla de la manera más responsable y estricta posible. Y eso hacemos.
- El fiscal Carlos Gajardo también fue muy crítico de esa facultad que hoy tiene el SII.
- Tenemos una buena relación institucional con el fiscal Abbott, hemos intentado mejorar mucho la relación entre las dos instituciones, las que colaboran a diario por distintas causas. Otra cosa son algunas declaraciones de algunos de sus funcionarios. No corresponde que los funcionarios de distintas instituciones estén opinando y mucho menos criticando las decisiones apegadas a la ley que toman otros organismos. Nuestros funcionarios no hacen eso.
- ¿Se refiere específicamente al fiscal Gajardo?
- A él y otros funcionarios del Ministerio Público que en estos días han emitido opiniones, que supongo que son a título personal. No quiero creer que son ostentando el cargo y la función que ocupan.
- ¿Son graves estas declaraciones? ¿Dañan la institucionalidad?
- Nosotros no competimos con la Fiscalía, sino que colaboramos con la Fiscalía, cada uno tiene su función bien definida por la ley. Ellos son los persecutores y quienes investigan los delitos. Por eso es raro que se diga que nosotros creamos una barrera infranqueable, puesto que el Ministerio Público puede perfectamente seguir investigando estas empresas por delitos como cohecho. Nosotros a lo único que nos referimos es a los delitos tributarios.
Ahí creo que hay un cierto desconocimiento de la ciudadanía de que es la ley la que le otorga al servicio la obligación de que si no persigue vía acción penal, tiene que hacerlo a través de la sanción pecuniaria. Me llama la atención que connotados personajes públicos critiquen livianamente que con esa decisión estamos tejiendo un manto de impunidad. No puede haber impunidad cuando tomamos la decisión de sancionar por la vía pecuniaria, puesto que la define un tribunal tributario. Ahora, si la gente quiere creer que solo hay justicia cuando se presenta una querella, no entiende la ley.
- ¿Los fiscales desconocen la ley cuando piden tener mayores facultades de persecución penal?
- Pareciera haber un afán de protagonismo, ya que el Ministerio Público tiene todas las facultades del mundo para perseguir. No sé qué aspiración los mueve. Nosotros somos el ente técnico competente en materia tributaria. Si por cada antecedente que la Fiscalía envía espera que nos querellemos, están desconociendo lo que la ley establece.
- ¿Los casos de platas políticas no se están cerrando entonces?
- No somos quienes para cerrar los casos. Lo que sí definimos es qué acción seguir a la hora de descubrir un delito tributario. Entonces, si descubrimos que hay un delito tributario y aplican los criterios históricos, obviamente presentamos querella. Pero quien en definitiva terminará cerrando o no ese caso es el persecutor, que en este caso es el Ministerio Público.
- ¿La Fiscalía determina si se cierran o no los casos?
- Por supuesto, no nosotros. Esto en el caso de los contribuyentes que han sido querellados. A la fecha hemos recaudado más de $ 4.000 millones solo en sanciones pecuniarias en estos casos y aspiramos a lograr $ 2.000 millones más en recaudación.
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