La arduamente debatida ley que pone fin al lucro, copago y selección en los colegios particulares subvencionados vuelve a la escena principal reviviendo las tensiones que se evidenciaron durante todo el año pasado en lo que fue la tramitación del proyecto en el Congreso, entre oficialismo, oposición y actores del sector.
El gobierno cifra en cerca de 800 los establecimientos que decidieron ser gratuitos mientras que alrededor de 20 habrían definido transformarse en particulares pagados. "Estamos muy contentos con la cifra", subrayó ayer la ministra del área, Adriana Delpiano. La presidenta Michelle Bachelet también se refirió al tema: "Esta es una muy buena noticia para esas familias porque significará un ahorro sustancial para ellas".
Los parlamentarios de la Nueva Mayoría también celebraron la información recabada. La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo (PC), manifestó que las primeras piezas de la implementación de la Ley de Inclusión "dan cuenta de un avance en materia de gratuidad, a contrapelo de lo que se señaló, respecto de que se cerrarían escuelas en masa (...) se hizo una campaña del terror brutal".
"Farsa comunicacional"
"Esta es la celebración de un partido que todavía no comienza", acusó el diputado miembro de la comisión de Educación, Jaime Bellolio (UDI). Ello, porque la Alianza argumenta que la "verdadera prueba" de la nueva ley será en diciembre de 2017, cuando expira el plazo para que los establecimientos se transformen en corporaciones sin fines de lucro, y en diciembre de 2020, cuando los sostenedores deban adquirir sus inmuebles.
"El gobierno ha tenido tantos desastres, que buscó una excusa para dar una noticia positiva. Es un interés político", agrega Bellolio.
Más duro aún fue su par de RN, José Manuel Edwards, quien señaló que "esto es una farsa comunicacional, porque lo que están celebrando no tiene nada que ver con la fecha cuando los colegios decidirán si cerrar o seguir. Esto sólo se entiende bajo la óptica del engaño".
En la misma línea, desde Evópoli el diputado Felipe Kast afirmó que "es una falta de respeto a las familias de clase media, porque 20 colegios dejarán de recibir subvención por el ideologismo extremo del gobierno. No hay nada que celebrar".
Por su parte, los representantes de los establecimientos escolares también levantaron quejas. Hernán Herrera, presidente de Conacep -que agrupa a colegios particulares subvencionados- señaló que "no sé si la ministra intenta desinformar a la ciudadanía, o no conoce la ley, porque recién en 2018 conoceremos los efectos de esta política".
Así también, el presidente de instituciones particulares afiliadas a la FIDE, Jesús Triguero, advirtió que maneja datos diferentes a los del Mineduc. Según dijo, de los 450 establecimientos particulares subvencionados de la Fide, 12 habrían optado por cerrar el próximo año.
La arremetida de Ezzati
Frente a decenas de colegios católicos, en un congreso celebrado ayer en la Universidad Católica, el cardenal Ricardo Ezzati manifestó que "la originalidad de los proyectos educativos no se puede perder por un plato de lentejas". Su declaración apuntaría a que al optar a la gratuidad con el fin del copago, se pone en riesgo la autonomía de los establecimientos.
gobierno pone suma urgencia a carrera docente
Ante la apretada agenda que debe cumplir el Mineduc con la reforma y la serie de proyectos que aún quedan por venir, el gobierno definió ponerle suma urgencia al proyecto que hoy se vota en la Comisión de Educación de la Cámara. Eso significa que la instancia legislativa tendrá ocho días para despacharlo a la Sala. La ministra del área, Adriana Delpiano, argumentó que "a continuación, una vez que este proyecto salga, queremos entrar por la Cámara el de nueva educación pública, que es muy importante", dijo, especificando que "queremos legislarlo previo a las elecciones municipales (octubre de 2016)". El proyecto de desmunicipalización está comprometido para este mes.
el PC marca sus puntos
Un almuerzo con la ministra Adriana Delpiano sostuvo ayer la directiva del Partido Comunista en el Congreso en Valparaíso, para plantearle algunas de sus aprensiones sobre la reforma educacional.
Así, le señalaron que no sería "prudente" dividir la iniciativa de gratuidad universal en educación superior en dos o más proyectos, "porque hay que legislarlo como un todo sistémico y coherente. Sería como mirar los árboles sin mirar el bosque (...) Tiene que ver con la visión de reforma y no parcelada", explicó la diputada Vallejo. Esa opinión discrepa de gran parte de la NM, que están por discutir el tema en textos separados.
También, manifestaron que en la ley de presupuesto de 2016 se ponga fin al Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y que esos recursos pasen a usarse en gratuidad.
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