Hace unos meses, era el entonces el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo quien recibía al Fiscal Nacional Sabas Chahuán en su oficina de La Moneda para coordinar agendas en común; el miércoles pasado la situación se revirtió, pues el ex jefe de gabinete de La Moneda fue el que tuvo que acercarse a las dependencias del Ministerio Público, pero no precisamente para hablar, por ejemplo, sobre el reciente aprobado proyecto de fortalecimiento de la institución, sino que para declarar en calidad de imputado por la arista SQM del caso Penta.
Peñailillo en completo sigilo compareció antes los fiscales Chahuán, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias durante más de cinco horas, para responder las preguntas de los persecutores que investigan la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas que habrían sido emitidas por AyN, empresa del recaudador de fondos de campaña Giorgio Martelli, y para la cual el ex ministro hizo algunas asesorías de carácter político por las que emitió cuatro boletas por un total de $16 millones de pesos.
Esta arista se abrió debido a las sospechas que existen en la Fiscalía en torno al aporte ilegal a campañas políticas, y- en particular- a la supuesta precampaña que habrían hecho cercanos a la presidenta Michelle Bachelet durante 2012. Peñailillo declaró luego que lo hiciera Martelli, en donde -se dice- contó toda su participación en el proceso de recaudación de fondos para Bachelet. Fuentes del PPD comentan que Martelli habría declarado “su sorpresa” ante la gran cantidad de dinero que se le estaba solicitando, para armar un supuesto soporte técnico y humano para Michelle Bachelet, quien el 2012 estaba en las Naciones Unidas. Ese hecho, apuntan las mismas fuentes, son las principales dudas que giran en torno al ex ministro, el cual debería haber explicado ante los fiscales: su rol en ese “aparataje” que supuestamente se montó para la precampaña.
En ese contexto, varios personeros del mismo PPD apuntan más allá, dudando de un posible “enriquecimiento ilícito” en el que podrían haber incurrido varios de los que pidieron plata para la precampaña, incluido el propio ex hombre fuerte de Bachelet.
De ahí que Peñailillo tenga los canales cortados con su partido y también con el propio gobierno, quien no ha salido en ningún momento a respaldarlo ante el complejo momento que vive, tras el inicio de la investigación en que está involucrado.
Las instituciones funcionan
Una sola estrategia marcan desde La Moneda para el “caso Peñailillo”: dejar que la investigación siga, sin adelantar condenas ni apoyos.
Así, ayer tanto el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, como el ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirieron al caso bajo los mismos conceptos. “El funcionamiento normal de las instituciones no puede dañar a nadie, que el Ministerio Público cumpla con su labor no puede ser objeto de interpretación posible de un menoscabo para el resto de las instituciones, por lo tanto no hay ninguna preocupación de nuestra parte”, indicó el portavoz de Palacio, al ser consultado si existe una preocupación de La Moneda por tener a un ex ministro del Interior siendo interrogado como imputado en una causa judicial.
Así también, Burgos señaló que “quien condena en este país, lo he dicho varias veces, son los tribunales , quien absuelve son los tribunales, quienes determinan si existe presunción que merezca el reproche jurídico es el Ministerio Público, pero cuidado con entender que una citación como testigo, como imputado, importa declaración de culpabilidad, eso no es así en Chile”, precisó, agregando que una de las cosas que se deben cuidar es que “todos somos iguales ante la Justicia, el más reconocido, el más popular es igual, el que tenga el cargo más importante también es igual”.
En ese contexto, desde Palacio la idea es no adelantar hechos, ni mostrar apoyos, pero tampoco condenas. En la Moneda afirman también que ellos no estuvieron al tanto de la diligencia, de cuándo y cómo iba a ocurrir, aunque por lo expuesto por la misma Fiscalía, sabían que era un hecho que iba a suceder tarde o temprano.
En el gobierno no quieren darle más vuelta a este asunto que insisten es completamente “normal”, y prefieren apostar las fichas por ordenar a los partidos con el objetivo de a sacar adelante la agenda de probidad que aseguran será “dura” en sanciones.
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