"Estamos en septiembre, y entramos en tierra derecha. No sólo es el mes de la fiestas patrias, sino que es el inicio del proceso constituyente en la fase de educación cívica constituyente". Sin entrar en mayores detalles, así graficó el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, el trabajo que está afinando por estos días La Moneda, adportas de que tras el 18 de septiembre la Presidenta anuncie cómo comenzará a tomar forma esta primera etapa bautizada como proceso de educación cívica.
Dentro de este trabajo hay varias decisiones que se deben tomar en torno a cómo se llevará a cabo este proceso en su totalidad, tanto la logística que implica como los costos económicos que tendría.
En esta área, el comité político y la Segpres, en particular, evalúan diferentes alternativas, según relatan fuentes de Palacio.
En el caso que no se necesiten mayores recursos, los gastos del proceso -ya sea lo que respecta a la educación cívica o en una etapa posterior de cabildos o consultas ciudadanas- se sacarían de los presupuestos asignados a los ministerios que se hagan cargo o de los gobiernos regionales. Sin embargo, en el gobierno no descartan que en el escenario de que este proceso requiera de mayores gastos, se deberá evaluar la dictación de algún tipo de ley que se agregue a la glosa presupuestaria de 2016 o 2017.
Esta última idea ha sido propuesta por algunos expertos, que han sugerido que por medio de una ley este proceso se haría más transparente, ayudando también a la eficacia de las consultas, independiente del formato que se escoja.
Por ahora, en La Moneda estiman que no se necesitarán mayores recursos, evitando -de este modo- caer en una discusión política sobre la necesidad de otorgar mayores recursos fiscales a esta reforma, sobre todo pensando en el complejo escenario económico y el ajuste de prioridades que ha establecido Hacienda.
En la NM hay varios que piensan que entre los diversos factores que impedirán concluir este proceso durante este gobierno, el económico será uno de ellos.
De ahí que al ser consultado sobre los costos que tendría esta etapa y las normas o leyes que lo guiarán el portavoz de Palacio precisara que "la dimensión administrativa es una cosa que le toca ver a los equipos que están a cargo de eso, pero por cierto que se hará con los recursos que correspondan de acuerdo a las normas legales y administrativas que rigen a la función del gobierno".
Asimismo, enfatizó que la ronda de consultas políticas continuará durante estas semanas, para luego entregarle un informe a la Presidenta, quien será la que finalmente tenga la última palabra.
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