El proyecto de modernización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), cumplirá tres años de tramitación en el Congreso el próximo tres de junio. Durante todo ese proceso el Retail Financiero y su vicepresidente, Claudio Ortiz, han seguido de cerca la tramitación y sobre todo ahora que vive momentos cruciales.
A inicios de junio, la comisión de Constitución del Senado continuará con el debate de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, proceso que para Ortiz es decisivo si se quiere subsanar los problemas estructurales del proyecto. “Si hay algo que no hay que perder de vista, es que aquí está en juego la legitimidad del Sernac en el futuro”, expresa Ortiz.
- ¿Está de acuerdo con las 17 indicaciones del proyecto que ya fueron aprobadas? ¿Se solucionaron las aprensiones respecto a la mediación colectiva, por ejemplo?
- Las modificaciones introducidas hasta el momento no resuelven los problemas estructurales del proyecto y, por lo tanto, no cambian la opinión crítica que empresarios, consumidores, académicos y expertos en derecho de consumo tenemos sobre él. Por ejemplo, con el afán de mitigar los efectos indeseados de las mediaciones colectivas, el Ejecutivo optó por el gatopardismo de cambiarles el nombre, introduciendo un nuevo concepto: “El procedimiento voluntario del interés colectivo”.
Es sorprendente que una facultad de gran utilidad como la mediación, que resuelve rápidamente las controversias con los consumidores, se desdibuje y pierda fuerza. Estas soluciones intermedias buscan resolver sin éxito el problema de origen del proyecto: el Sernac no puede ser parcial e imparcial a la vez.
- Como usted menciona, tanto los privados como académicos, e incluso las mismas asociaciones de consumidores han manifestado preocupación por cómo ha avanzado el proyecto, pero éste sigue adelante de todas formas. ¿Por qué cree que ocurre esto?
- A pesar del gran acuerdo sobre la necesidad de hacerle cambios profundos al proyecto, cuesta entender que siga su curso y la insistencia de algunos pocos en mantener sus ejes originales, como si se tratara del último bastión de la política de la retroexcavadora. Ya lo hemos visto, es mejor actuar con racionalidad y gradualidad y poner en el centro del debate la oportuna reparación a los consumidores.
El propio Sernac ha demostrado que actuar con prisa, por ganar puntos, trae consecuencias, solo hay que analizar el caso tissue, donde los aspectos operacionales no resueltos han entrampado un histórico acuerdo de compensación.
- Con los cambios, se bajó el techo de las multas. ¿Ve eso como un triunfo para el sector privado?
- Reconocemos los esfuerzos de Hacienda, de Interior y de los senadores de la comisión de Constitución por mejorar la iniciativa y valoramos este avance en el proyecto. Sin embargo, queda espacio para corregir los aspectos estructurales de este proyecto, los que aún no han sido abordados.
Hay que recordar que este proyecto le otorga al Sernac numerosas nuevas facultades como fiscalizar, sancionar, mediar, dictar e interpretar normas y, además, mantener la legitimación activa para ejercer acciones de clase en representación de los consumidores.
Ha llegado el momento de definir qué clase de Sernac queremos. Si se busca un Sernac parcial -como lo es hoy- éste puede mantener su rol de legitimado activo, tener facultades fiscalizadoras y proponer el tamaño de las multas. Lo que es inaceptable desde el punto de vista jurídico es que a este Sernac parcial se le quiera dar a la vez, atribuciones de un órgano imparcial, mediante las facultades normativas y sancionadoras.
Cada facultad a nivel individual pudiera ser conveniente. El problema de fondo es la interacción entre todas ellas.
- ¿Qué expectativas tiene en relación a las restantes temáticas que se debatirán en junio y que tratarán de destrabar los principales nudos, principalmente a lo referente a las facultades normativas?
- Si hay algo que no hay que perder de vista, es que aquí está en juego la legitimidad del Sernac en el futuro. Será difícil validar un organismo que crea las normas con las cuales fiscaliza, sanciona y demanda, en desmedro de la labor del propio Congreso y del Poder Judicial. En la práctica, la facultad normativa es un amplificador del resto de las facultades y, en convivencia con la legitimación activa, tiene claros vicios de inconstitucionalidad.
Además, esto podría provocar permanentes controversias futuras con otros órganos del Estado. Incluso es más, impone una carga innecesaria en términos presupuestarios. El proyecto aumenta el presupuesto de $11.000 millones a $38.600 millones para el nuevo Sernac en régimen, lo que es un exceso en el contexto de debilidad presupuestaria que vive el país.
- ¿Cree que la comisión logrará subsanar estos nudos y llevar un mejor proyecto a la votación de la sala, evitando que el texto presente vacíos que puedan a llevar a acudir al Tribunal Constitucional?
- Es prácticamente inédito que el mundo empresarial, las asociaciones de consumidores y los expertos estén levantando simultáneamente cuestionamientos de fondo al proyecto. Esperamos que en la Comisión de Constitución se aborden los aspectos centrales de esta iniciativa. Esta comisión ha sido particularmente acuciosa en revisar otros proyectos, por ello confiamos en que los senadores introducirán los cambios necesarios para que éste tenga legitimidad.
Me atrevo a decir que, si hay un consenso hoy, es que este proyecto necesita modificaciones profundas, sobre todo en lo que se refiere a las facultades normativas y de mediación. Esperamos que en la discusión parlamentaria pueda reflejarse este consenso.
- Independiente de las críticas, ¿cree usted que es necesario modernizar al Sernac?
- Tenemos la convicción de que es necesario avanzar en fortalecer los derechos de los consumidores y perfeccionar la institucionalidad del Estado en esta materia, pero a través de un proceso donde prime la racionalidad, el equilibrio y la gradualidad. En ese sentido, es clave que, en el debate de la comisión de Constitución se defina qué tipo de Sernac queremos: un órgano parcial o imparcial. Independiente de la definición que se adopte, se debe evitar adicionar facultades incompatibles con el rol que debe jugar el nuevo Sernac.
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