La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del senado será la encargada de analizar el proyecto de ley, presentado por los senadores Alberto Espina, Carlos Bianchi, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros y Andrés Zaldívar, por medio del cual proponen una reforma constitucional que establece la pérdida del cargo por infracción grave al principio de probidad, en lo que se refiere a la obligación de realizar declaración de intereses y patrimonio.
La iniciativa abarca a senadores, diputados, ministros del Tribunal Constitucional, fiscal nacional y ministros de los Tribunales Superiores de Justicia.
Según argumentaron los legisladores, "el ejercicio de toda función pública obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas y cada una de sus actuaciones tal como lo señala el inciso primero del artículo 8° de nuestra Constitución".
Los parlamentarios recordaron que la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado recientemente despachó el proyecto de ley sobre "Probidad en la Función Pública" que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en la referida Corporación.
A raíz justamente de la discusión en particular del proyecto que regula especialmente la obligación de autoridades y funcionarios públicos a realizar declaración de intereses y patrimonio, "se aprobó que los sujetos obligados que mantuvieran el incumplimiento de dicha declaración por un período de cuatro meses siguientes a una sanción de multa previamente establecida, esta situación se considerará una falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor", se desprende de la argumentación del texto legal.
Sin embargo -según indicaron los autores de la moción- la Comisión de Gobierno, "advirtió en la tramitación que se estaba dando una discriminación arbitraria respecto de ciertas autoridades en relación a los demás funcionarios, específicamente, de los senadores, diputados, ministros del Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional y los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, toda vez que ellos, aun cuando incurrieran en la hipótesis de la infracción, no se les podía aplicar la misma sanción dado que debía constar expresamente dicha circunstancia en la Constitución Política de la República, lo que ameritaba necesariamente una reforma constitucional".
Ante esta situación, los congresistas insisten en que "con el objeto de aumentar los estándares de estas autoridades que detentan cargos públicos y someterse en igualdad de condiciones con todos los sujetos obligados a declarar intereses y patrimonio" presentan esta reforma constitucional.
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