La ley vigente permite que los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) tengan fines de lucro. Por ello, desde que el gobierno anunció que en 2016 habrá gratuidad para el 50% de los estudiantes más vulnerables de dichas entidades acreditadas y sin fines de lucro -además de las universidades del Cruch y de otras privadas que cumplan con requisitos específicos-, los rectores de instituciones técnicas constituidas legalmente en sociedades comerciales han levantado duras críticas al sentirse marginados de dicha política.
Sin embargo, esa discriminación no sólo caló hondo entre quienes tienen a su cargo planteles con esas características, pues también, poco a poco, los criterios anunciados por la presidenta Michelle Bachelet empezaron a generar incomodidad entre dirigentes de la propia Nueva Mayoría. Esto, principalmente porque las cifras muestran que en instituciones técnicas se concentra la mayor cantidad de alumnos vulnerables.
Así las cosas, ayer los senadores miembros de la comisión de Hacienda, Andrés Zaldívar (DC), Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), presentaron un proyecto de ley para intentar revertir la compleja situación. En palabras de Montes, "lo que estamos haciendo es darle la oportunidad (a estos planteles) de convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro para poder optar a la gratuidad en 2016. Es una especie de fast track para ser sin fines de lucro".
Detalles del proyecto
Según dicta el texto legislativo al que tuvo acceso DF, la iniciativa pretende "facilitar el reconocimiento de los derechos de un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, desde su actual régimen a uno sin fines de lucro, siempre que cumplan con requisitos de calidad y otros exigidos por el Ministerio de Educación".
La transformación se haría "mediante la reforma de sus instrumentos constitutivos, subsistiendo la personalidad jurídica" y "la reforma de sus instrumentos constitutivos deberá ser aprobada por la unanimidad de sus socios o accionistas, quienes deberán quedar como asociados de la respectiva corporación".
Pero así como está constituida hoy la ley, este cambio de personalidad podría significar la pérdida de acreditación de la institución si se considera que dicha certificación está asociada a la anterior sociedad con fines de lucro. En ese caso, estos planteles estarían aún más lejos de alcanzar la gratuidad, ya que partir de cero en un proceso de acreditación de una institución nueva puede tomar entre 8 a 10 años. Por esta razón, la iniciativa de los senadores también pretende abordar el punto. "La idea es que la nueva persona conserve la acreditación", explica Montes.
De este modo, el proyecto responde a la solicitud que algunos rectores, como el de Inacap -plantel constituido como con fines de lucro, pero que en la práctica no repartiría utilidades-, Gonzalo Vargas, han hecho al Mineduc sin obtener mayor recepción.
Hoy viernes los representantes de los CFT e IP se reunirán con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para abordar el tema y manifestar sus reparos.
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