"Venimos a formular el presente requerimiento para que este Excmo. Tribunal Constitucional resuelva el conflicto de constitucional suscitado con respecto al decreto promulgatorio de la ley nº 21.081 que modifica la ley nº19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores". Esas son las primeras palabras del requerimiento que ingresó a las 18.15 horas de ayer el gobierno de Sebastian Piñera al Tribunal Constitucional para poder dar continuidad a la promulgación del proyecto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
El documento fue ingresado por Fernanda Garcés, la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres); y Ana Muñoz, la asesora de la División Jurídica de dicha cartera, quienes llegaron y abandonaron el lugar bajo completo hermetismo y sin permitir el registro de fotografías.
La decisión del Ejecutivo se da luego que el pasado 30 de abril se conociera que la Contraloría General de la República, liderada por Jorge Bermúdez, anunció que no daría curso a la promulgación de la referida norma.
A través de este documento, el gobierno busca que el TC aclare las discrepancias entre el pronunciamiento de Contraloría General de la República y la resolución que dio el propio tribunal en enero pasado.
En enero pasado el organismo rechazó la facultad sancionatoria que implicaba la nueva institucionalidad al declarar inconstitucional las nuevas potestades jurisdiccionales que la ley contemplaba entregar el Sernac.
En concreto, se mostró contrario a que la entidad pudiera imponer multas, resolver el cese de las conductas infractora e imponer restituciones al infractor.
La entidad, además, eliminó del texto las nuevas capacidades normativas para el Servicio que contemplaba el proyecto.
El lobby del gobierno
Optar por esta decisión al parecer no habría sido fácil para el ejecutivo, ya que en términos prácticos se podría interpretar que el Ejecutivo está acusando al Contralor ante el TC de haber actuado de forma inconstitucional.
Lo anterior, por cuanto en su resolución Bermúdez habría considerado como inconstitucionales artículos que no estarían contemplados en la parte resolutiva del pronunciamiento del Tribunal pero sí en el cuerpo del texto que el organismo entregó en enero.
Justamente para abordar este tema de la mejor manera posible, el pasado viernes 4 de mayo el asesor jurídico de Cristian Larroulet, Sebastián Soto, se reunió con el presidente del TC, el ministro Iván Aróstica, para abordar las posibles alternativas del gobierno en este tema.
Pero ese no fue el único encuentro. Soto también se reunió con Aróstica el 9 de mayo, en medio de una actividad del TC con representantes del tribunal constitucional alemán.
La idea es que el tribunal, en primera instancia, acoja a trámite el escrito, y posteriormente zanje la discusión en relación a las facultades del proyecto.
La iniciativa, siempre bajo tela de juicio desde el ámbito empresarial, buscaba moderizar y fortalecer el servicio con foco en los consumidores del país.
La visión del comercio
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, consideró como "respetuosa de la institucionalidad" la decisión del gobierno, toda vez que es el Tribunal Constitucional quien debe resolver los aspectos que han generado confusión.
"Estamos seguros que esta será la manera más expedita para que los beneficios que este proyecto trae para la población puedan entrar en vigencia a la brevedad", destacó.
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