Caras largas se veían ayer tanto en La Moneda como en los ministerios del Trabajo y Hacienda. No queda claro si el ánimo era producto de la extendida jornada de lunes en que se redactó el informe presentado ayer a la presidenta Michelle Bachelet -con el resumen de lo analizado en los siete meses de discusión- o por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo nacional con el oficialismo y la oposición para reformular el sistema previsional, tal como lo encargó la mandataria en agosto pasado.
Lo cierto es que ayer, el día después del término de las negociaciones entre el Ejecutivo -liderado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés- y los partidos con representación parlamentaria, fue el momento del análisis y de decidir los pasos a seguir.
Tras lamentar la falta de consenso entre las partes, el gobierno anunció que la decisión queda ahora en manos de la Presidenta, quien en un plazo “breve” anunciará el envío de una reforma previsional.
Así lo señaló Valdés, junto a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, tras reunirse a las 7:30 de la mañana con Bachelet para entregarle un informe que da cuenta de los puntos abordados en la instancia, recogiendo los acuerdos y disensos en la materia.
“Puedo decir que por esfuerzo no nos quedamos. Fueron muchas reuniones, juntar muchos antecedentes y quiero valorar que aunque no tenemos un acuerdo transversal en todas las cosas, hay un proceso de convergencia muy importante”, dijo el titular de las finanzas públicas.
La autoridad, junto con valorar la disposición de todas las partes, planteó que hay que ser “realistas” y reconocer que lograr un acuerdo transversal “es difícil”.
“Pero eso no significa que no se pueda hacer más esfuerzo y en eso dependemos ahora de las instrucciones de la Presidenta”, afirmó.
Los puntos de la discordia
Valdés partió reconociendo que “nunca” fue la idea construir un acuerdo a partir de lo discutido en la mesa, sino que el objetivo era “tratar de construir un acuerdo lo más global posible” entre los distintos participantes.
Lo que queda claro es que el destino final del 5% adicional en la tasa de cotización fue el principal punto de desacuerdo en la mesa.
El Ejecutivo finalmente habría propuesto que 2,5 unidades se destinaran a las cuentas individuales de las personas (no administradas por las AFP), 1 punto a un pilar de reparto intergeneracional, 1 punto a un pilar intrageneracional y el restante 0,5% para financiar mejoras en las jubilaciones de las mujeres.
El citado porcentaje sería administrado, según lo propuesto por el gobierno, por un organismo público nuevo, con un modelo de gobierno corporativo similar al Banco Central, que lo dotaría de autonomía y una estructura ligera. Chile Vamos consideró insuficiente la propuesta, ya que no daría garantías de eficiencia en la gestión de los fondos similares a las de las AFP.
Por el lado del oficialismo, la DC y el PPD se alinearon con la propuesta de Hacienda, mientras que los partidos Comunista y Socialista presionaron por una reforma más sustancial, avanzando hacia un esquema de seguridad social en paralelo al régimen de AFP.
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