La presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley
20.285 que regula el principio de transparencia de la función pública y
el derecho de acceso a la información de los órganos de la
administración del Estado.
"Estamos convencidos de que esta ley va a marcar un hito en
la historia del sistema político y administrativo del país. A partir de
su plena entrada en vigencia e implementación, Chile se va a encontrar
en el más alto nivel de transparencia pública", recalcó.
Durante la ceremonia de promulgación de esta normativa, realizada en el
Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Mandataria destacó que
esta nueva ley permite acrecentar información con que cuenta la
ciudadanía respecto de la actuación de los organismos de la
administración pública.
"Si antes sólo alguna información era asequible
para los ciudadanos, ahora prácticamente toda la información será
pública. Y la que no pueda ser conocida, como lo establece la ley, lo
será siempre por razones muy justificadas. En ese sentido, esta reforma
implica un cambio cultural muy profundo", expresó.
La normativa, que comenzará a regir ocho
meses después de su publicación en el Diario Oficial, "cambiará
drásticamente la manera en que se relacionan los ciudadanos con el
Estado. Esta reforma promueve un Estado más cercano, abre nuevos
espacios para la participación ciudadana constructiva y mejora las
exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública".
Esta ley "permitirá que contemos con un Estado a
la altura de las exigencias de este siglo, porque la transparencia
disminuye el espacio de irregularidades, arbitrariedades y hechos de
corrupción. A la larga, lo hace más eficiente".
Detalles de la norma
Bachelet
explicó que la nueva ley integra cuatro aspectos principales. En primer lugar,
"transparenta la información pública y define toda la información que
organismos públicos deben mantener publicada de manera permanente en
sus sitios web. Es lo que se llama transparencia activa".
Sobre este punto, señaló que "desde ahora no será necesario que el
ciudadano pida o busque la información que necesite", porque a partir
de la entrada en vigencia de la ley "será el Estado el que pondrá a su
disposición una abundante información de manera fácil, completa y
actualizada".
Como un segundo ámbito, indicó que la nueva ley "garantiza acceso a la
información pública. Todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a
solicitar y recibir cualquier información a los servicios públicos y a
otros poderes del Estado.
Y la autoridad estará obligada a responderles
dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la información
solicitada o en forma excepcional, informándole que es una materia
reservada que puede afectar el interés nacional, la vida privada de las
personas o la seguridad nacional, entre otras causales legales".
En tercer lugar, sostuvo esta "ley fiscaliza el acceso a la información
pública. Para ello crea el Consejo para la Transparencia, un organismo
autónomo con facultad de fiscalizar a la administración y aplicar
sanciones".
Como un cuarto elemento, explicó que "a este consejo le corresponde
promover el acceso a la información pública. Porque no se trata sólo de
cumplir mecánicamente reglas y procedimientos por temor a las
sanciones". Asimismo, destacó que "parte de las funciones del consejo
será promover constantemente las normas e instructivos que sean
necesarios, con la idea de estar siempre un paso más adelante en la
batalla por tener una administración pública más transparente y
eficiente".
"Cuando hay transparencia, se fortalece la confianza
pública; se reduce el espacio para la discrecionalidad y la
arbitrariedad; se refuerza el respeto a las instituciones; se afianza
la cultura democrática. Cuando hay transparencia, el Estado se acerca a
los ciudadanos", dijo la mandataria en la ceremonia.
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