En el marco de la discusión de la llamada agenda política que impulsa el gobierno, donde la polémica por la eventual modificación al sistema binominal ha copado el debate público de los últimos meses, La Moneda pretende arremeter con su propuesta de reforma a los partidos políticos, incorporando uno de los temas más demandados: el financiamiento.
La iniciativa que sería presentada a fines de marzo pero que todavía está en etapa de discusión al interior del Ejecutivo, es liderada por el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Larroulet, quien previo a sus vacaciones, sostuvo una ronda de conversaciones con los think tank de todos los colores políticos con el fin de consensuar un proyecto que, una vez ingresado al Congreso, no quede entrampado en el debate legislativo.
Y es que tanto en el oficialismo como en la oposición admiten que uno de los aspectos más “controvertidos” a la hora de discutir un cambio a la normativa de partidos políticos, es el tema relacionado con el financiamiento de los mismos, pues en la actualidad, este aspecto no está regulado, existiendo un sistema mixto. A la fecha sólo está normado el financiameinto de las campañas electorales.
El tema también reviste un carácter algo impopular, pues las encuestas de opinión pública muestran que la gente no mira con simpatía el desempeño de los partidos, entonces ¿por qué entregarles recursos públicos?.
Recursos públicos v/s privados
En ese escenario, el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, adelanta que la preocupación es perfeccionar las normas que dicen relación con el financiamiento privado de los partidos políticos, además de avanzar en la línea de permitir que “los partidos puedan ampliar su campo de acción más allá de una contienda electoral, que puedan formar fundaciones, corporaciones y centro de estudios”, asegura.
En la vereda del frente, desde la Concertación el diputado, Jorge Burgos (DC) se manifiesta contario a esta idea y reconoce ser partidario de “un financiamiento público permanente, tal como ocurre en muchas partes del mundo, pero que sea razonable, con normas de fiscalización y regulación claras y como contrapartida un mayor ejercicio de la democracia interna, de modo que los recursos no queden sujetos al manejo de las cúpulas”.
En la misma línea, el diputado Felipe Harboe (PPD) -quien se ha reunido con Larroulet por el tema- agrega que “si vamos a hacer un esfuerzo de financiar los partidos políticos me parece correcto porque hoy nadie sabe donde están las platas ¿cómo paga la luz la UDI o el PPD? Si va a a haber dinero público tiene que haber una contrapartida, como que los dirigentes de los partidos políticos estén sujetos a normas de transparencia y probidad”, afirmó.
Sin control ciudadano
Sobre ese punto, el diputado y miembro de la comisión de Constitución, Giovanni Calderón (UDI), señala que “no tengo problemas que los partidos políticos puedan tener fundaciones o corporaciones y que exista un financiamiento público o privado, aunque no sé como lo tomarán las personas si existiera un financiamiento público. Creo que lo principal es la transparencia en todo”.
A juicio de José Francisco García, coordinador de políticas públicas del Instituo Libertad y Desarrollo (LyD), un financiamiento público de los partidos políticos es discutible. “Creer que los partidos políticos son parte del Estado y se transformen en una agencia pública, puede tener efectos perniciosos respecto, por ejemplo, a la agenda de temas. Si son financiados se dedicarían a producir las decisiones de las cúpulas, sin ningún control ciudadano”, dice.
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