Ayer martes la Comisión de Constitución de la Cámara Alta comenzó la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente. Si bien, el Gobierno ingresó la indicación que extiende esta atribución al resguardo de las fronteras con suma urgencia (15 días en cada cámara), esta jornada de miércoles le puso discusión inmediata a la propuesta (seis días en cada cámara).
Ello, luego que un grupo transversal de diputados solicitara dicha urgencia al Gobierno para el proyecto. La idea es que la iniciativa rija lo antes posible como un instrumento que contribuya a contener el fenómeno de la inmigración ilegal y el aumento sustancial de la inseguridad en el norte del país.
Con la misma finalidad, este miércoles, la Sala de la Cámara aprobó un proyecto de resolución en que se le solicita al Presidente que decrete el estado de excepción constitucional de emergencias en la Macrozona Norte. La petición al mandatario fue aprobada por 95 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.
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Entre los disputados que respaldaron con su voto la propuesta los hubo del oficialismo –PS y PPD-, de la DC y la oposición. Por lo que su transversalidad le genera mayor presión al Gobierno para que implemente con celeridad alguna medida de control sobre los problemas que genera la inmigración ilegal y los altos niveles de inseguridad que, según los parlamentarios que aprobaron la medida, existen en la actualidad en la Macrozona Norte.
Por otro lado, con la urgencia de discusión inmediata para el proyecto de infraestructura crítica, la Comisión de Constitución del Senado debería despachar la próxima semana como máximo el proyecto a la Sala, para cumplir con los plazos. Por su parte, el Gobierno tendría que darle una salida al tema que generó dudas en algunos senadores, que dice relación con la atribución que se le da al mandatario de autorizar a las FFAA a hacerse cargo del resguardo de las fronteras, a través de un decreto con fuerza de ley.
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