Más de 30 proyectos –entre mensajes y mociones parlamentarias- tendientes a reformar y modernizar el sistema notarial y registral en Chile han fracasado en las últimas décadas y han naufragado en el Congreso, a pesar de los intentos de distintos gobiernos y sectores políticos. ¿Qué hace pensar al gobierno que esta vez será distinto? ¿Será esta vez la vencida? Esa es la apuesta del gobierno, que encabezará en el Congreso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien presentó esta semana el proyecto que busca modernizar el servicio y transparencia en el nombramiento de estos cargos.
Desde el gobierno anticipan que la tarea no será fácil. Saben que los notarios tienen fuertes lazos con el mundo político y que "históricamente algunos se han acercado a los candidatos a parlamentarios para apoyar sus campañas". Pero aseguran que hoy la situación es distinta: "Se ha producido una tormenta perfecta que ha pavimentado el camino". Este clima más propicio se debería a cuatro razones: en primer lugar, el nombramiento del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando pocos días antes de que terminara el gobierno anterior. Esto generó fuertes críticas por la forma en que se realizan estos nombramientos, y obligó a las exautoridades a aclarar una y otra vez que este no era el "pago de un favor político" para con el exfiscal por no haber formalizado al hijo de la expresidenta.
En segundo lugar, el sistema notarial y registral "no se ha puesto al día con la tecnología". En la actualidad, muchos trámites podrían estar en línea, por ejemplo. A esto se suma la percepción que existe entre la ciudadanía de que los costos han aumentado y que las visitas al notario "toman demasiado tiempo y largas filas".
El empujón final lo dio el estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que advirtió concentración de mercado y la exigencia de una serie de trámites que ya no son necesarios.
Todo lo anterior, habría creado "un clima ciudadano y respaldo parlamentario" para tramitar la norma, que entre sus ejes centrales establece que los notarios, conservadores y archiveros permanecerán en sus cargos hasta cumplir 75 años o hasta cumplir 21 años sirviendo el mismo cargo, y que crea un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Auxiliares de la Administración de Justicia para evitar la discrecionalidad en los nombramientos; y, lo más controversial para los incumbentes, la creación de la figura de los "fedatarios", quienes actuarán como ministros de fe para ciertos trámites como finiquitos y cartas de renuncia.
El proyecto de ley, que ingresará próximamente al Congreso a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, contiene aspectos de proyectos anteriores y según los cálculos del Ejecutivo se espera tramitar durante seis meses en cada cámara, para ojalá poder tenerlo despachado a fines de 2019.
Ahora comienza el despliegue en el Parlamento, para lo cual el ministro Hernán Larraín, formará equipo con el subsecretario, Juan José Ossa; la idea es socializar con todos los sectores políticos la propuesta. Para ello hay dos "cartas" que develará el Ejecutivo en la tramitación. La primera es que el sistema actual ya no resiste "debido a que las personas deben hacer fila por más de una hora para que les firme un documento y ni siquiera ven al notario" afirman desde el oficialismo.
Lo segundo es que, si se logra aprobar, en futuras mediciones Chile podría escalar varias posiciones en el ranking Doing Business del Banco Mundial, debido a que se agilizará el sistema comercial y se tendrán más facilidades para hacer negocios, lo que redundará en mejores calificaciones para el país.
En el Parlamento la Comisión de Constitución está presidida por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) y desde el gobierno ven en él a un apoyo para sacar adelante la norma. "Ha sido una grata sorpresa y un colaborador cuando se ha necesitado perfeccionar proyectos", dice un miembro del oficialismo. En esa instancia también se encuentran Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS), quienes podrían apoyar los cambios, al igual que las bancadas del oficialismo.
En los cálculos del gobierno falta saber cómo abordarán el proyecto Gabriel Boric (FA) y Tomás Hirsch (PH). Pero el eventual respaldo de esta comisión a la iniciativa es la tarea menos compleja que le espera al Ejecutivo, ya que en el Congreso ya han aparecido voces críticas al proyecto que aseguran que el gobierno podría estar siendo demasiado optimista en sus cálculos.
Un elemento que podría complicar las cosas es la carga de trabajo de la Comisión de Constitución. Es una de las que más proyectos tiene, al igual que la de Hacienda, y solo el Ministerio de Justicia tiene pensado ingresar en los próximos meses la reforma al Código Penal, al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal, por nombrar algunas. Es decir, no hay "sequía legislativa, sino que por el contrario, inundación legislativa", comentan desde el oficialismo y se necesitará "destreza y planificación legislativa" para llegar a puerto con todas estas iniciativas.
Ante los cuestionamientos de los notarios -que pese a ser invitados no asistieron a la firma del proyecto en La Moneda- y que se han resistido a algunos puntos del proyecto como la creación de los fedatarios, el mensaje desde el gobierno es que "hoy no es posible resguardar o proteger a ninguna industria, eso no es posible y si entregan un servicio de calidad la gente no dejará de ir a las notarías".
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