Representantes de todas las bancadas de oposición, desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, se unieron para ingresar y respaldar un proyecto de ley que obliga a los colegios particulares a destinar un 30% de su matrícula a niños que provengan de los seis deciles de menores ingresos.
Aunque el debate estaba instalado aun antes de que la iniciativa hubiera sido ingresada a trámite, como ocurrió hoy, al concretarse el anuncio se prevé una dura polémica con el oficialismo que se niega aceptar la idea. Más conocida como “Ley Machuca”, en alusión a la experiencia que en los ’70 se implementó en el colegio Saint George’s; además del 30%, la iniciativa establece un mínimo de tres establecimientos priorizados por las madres, padres o apoderados en el proceso de postulación que regula el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El proyecto también incorpora al criterio de prioridad en las listas de admisión, a los postulantes que pertenecen al mismo núcleo familiar, comparten un mismo hogar y que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, diputada Cristina Girardi, argumentó que "la idea es que este proyecto ingrese a la Comisión de Educación y sea parte de la discusión”, añadiendo que en la oposición “no estamos de acuerdo con el proyecto que está presentando el Ejecutivo, de incorporar el tema de la admisión a través de la entrevista y, además, de las notas”.
En opinión de Girardi “no es lo mismo decir nota que mérito y, por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la base del proyecto del gobierno. Esa no es la línea correcta para generar y equiparar la cancha, como se ha dicho, en materia de educación".
"Nosotros estamos ingresando este proyecto porque permite la integración”, sentenció el representante de la DC, diputado Mario Venegas, quien emplazó a la ministra de Educación Marcela Cubillos, indicando que “si es sincero lo planteado por la ministra y por quienes defienden el proyecto, de que quieren integración escolar de verdad, entonces hagámoslo también en los colegios particulares pagados, démosle la oportunidad a los muchachos capaces de que se integren”.
Pues, según reafirmó, eso “es lo que hay detrás de este proyecto, que se debata, que se haga la discusión y los otros perfeccionamientos que ya han sido mencionado, que son los aspectos que parecen razonables del proyecto presentado por el gobierno". "¿Queremos o no integración social?, esa es la pregunta, insistió Venegas.
Mientras que la diputada Camila Vallejo (PC), explicó la diferencia que existe entre esta iniciativa y la propuesta de Evópoli -que planteó la “Ley Machuca Liberal”- es que “la Ley Machuca Liberal pretende entregarle plata del Estado a los más ricos mediante subvención; incorporar recursos del Estado a instituciones que cobran mucho más de un millón de pesos por concepto de matrícula” y, en cambio, “lo que nosotros estamos haciendo es mejorar el sistema de admisión que existe, con propuestas concretas”.
A partir de eso, concluye, “nos estamos haciendo cargo de avanzar en el sistema de admisión que existe actualmente, pero también ampliar la exigencia de inclusión a aquellos colegios particulares pagados que no tienen ningún tipo de exigencia en esa línea”.
Su par socialista Juan Santana, en tanto, indicó que “nosotros promovemos que existan espacios de integración al interior de los establecimientos y es por eso que estamos promoviendo esta iniciativa que viene a complementar los esfuerzos que se hicieron con la ley de inclusión y bajo ningún punto de vista son contradictorios”.
Por su parte, la diputada Camila Rojas (Partido Comunes) dijo que "cuando hablamos del sistema educacional nos parece que no puede haber vetos ni restricciones. Esta es una medida puntual que podría significar un cambio concreto en la vida de muchas y muchos niños”.
Mesa nacional
Mientras tanto, desde el oficialismo, un grupo de diputados de RN presentó un proyecto de resolución, solicitando al Presidente de la República convocar a una mesa nacional de trabajo que busque acuerdos transversales para general mejoras y actualizaciones al sistema de educación pública.
Los parlamentarios que promovieron la iniciativa, destacaron la necesidad de lograr un acuerdo transversal en materia educativa, tal como se ha logrado en otras materias como seguridad e infancia.
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