Mientras durante estos días se ha producido una verdadera avalancha de iniciativas fiscalizadoras para aclarar por qué se produjo la violenta caída del Fondo E, tanto desde el Legislativo como en la justicia, los senadores del Comité Social Demócrata (SD) liderados por el Partido Socialista (PS) se sumaron con una batería de medidas en varios ámbitos a la vez.
Por lo pronto, el jefe del comité, senador Juan Luis Castro, informó acerca de una sociedad con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) para generar un registro de las personas afectadas por la caída en especial del Fondo E, “que permita a la organización iniciar una demanda colectiva por la vía civil ante el Sernac”.
Adicionalmente, el comité impulsará acciones administrativas y legales, sin descartar la vía penal, con el objetivo de conseguir “la restitución de los recursos y el resarcimiento de las pérdidas sufridas por los afiliados”, explicó Castro.
Es en esta línea que se presentó una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Pensiones, solicitando su incorporación a los procedimientos sancionatorios iniciados contra las siete administradoras de fondos de pensiones, con ampliación de su objeto.
La presentación solicita investigar a las siete AFP, determinar si incumplieron sus deberes de diligencia y gestión de riesgos, establecer las responsabilidades de directores y ejecutivos; y, evaluar acciones para que los perjuicios acreditados sean indemnizados en beneficio de los fondos afectados.
Entre otras cosas, piden incorporar de oficio las advertencias, instrucciones y órdenes emitidas desde 2024 por el regulador sobre las operaciones cuestionadas, incluyendo las actas o registros de las reuniones sostenidas con ejecutivos de las AFP sobre estas materias, las audiencias registradas conforme a la Ley No 20.730; requerir a cada administradora y examinar algunos antecedentes como las actas de directorio y de los comités de inversiones y riesgos que se refieran a estas operaciones y a las advertencias e instrucciones del regulador; las comunicaciones internas y con la superintendencia sobre los riesgos, controles, observaciones y medidas correctivas relativas a estas operaciones; y, la individualización de los directores, gerentes, miembros de comités y demás personas que participaron en todo el proceso.
¿Más delitos económicos?
Adicionalmente, se ingresó un proyecto de ley de la senadora Paulina Vodanovic, patrocinado también por los senadores Gastón Saavedra, Juan Luis Castro, Alfonso de Urresti y Daniella Cicardini, que propone incorporar el “delito de administración temeraria” de los fondos de pensiones al Decreto Ley Nº3.500 y a Ley de Delitos Económicos.
La moción contempla penas de presidio de tres años y un día a cinco años para perjuicios superiores a 400 UTM y de cinco años y un día a diez años cuando superen las 40.000 UTM,
además de inhabilitación especial perpetua para ejercer determinadas funciones en entidades fiscalizadas que administren fondos de terceros.
En esa línea, la senadora Vodanovic fue enfática en que “las AFP lo tengan claro, sus ejecutivos deben ir presos si destruyen los ahorros de los trabajadores por jugar con dinero ajeno. Los senadores socialistas ingresamos este proyecto: hasta diez años de cárcel y prohibición de por vida para volver a administrar ahorros ajenos”.
Sin embargo, el proyecto distingue entre las pérdidas propias del riesgo de inversión y aquellas causadas por imprudencia temeraria, que deberán acreditarse judicialmente.
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