Una señal positiva, aunque insuficiente, si lo que se busca es enfrentar el problema de base del mercado laboral y la débil creación de empleo. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó entre los economistas los anuncios realizados este lunes por el Presidente José Antonio Kast para enfrentar la alta desocupación.
El mandatario presentó el plan Chile Despega, paquete que contempla movilizar unos US$ 1.300 millones y que combina subsidios a la contratación, aceleración de inversión pública, obras de rápida ejecución y medidas de financiamiento y liquidez para las empresas. La apuesta del Ejecutivo es que las iniciativas permitan generar más de 100 mil puestos de trabajo entre 2026 y 2027.
Pero los economistas pusieron un techo al efecto que podría tener la estrategia sobre las cifras laborales.
El director del Centro de Estudios Longitudinales y Encuestas de la Universidad Católica y también presidente de la mesa de Reactivación Laboral, David Bravo, estimó que incluso si se alcanza la meta anunciada por La Moneda, “en el mejor de los casos va a ser un punto menos de desempleo”.
La condición, advirtió, es que efectivamente se trate de puestos adicionales, es decir, empleos que no se hubieran creado sin el programa.
La misma conclusión entregó la directora ejecutiva de Horizontal y exsubsecretaria de la Mujer, María José Abud. Tomando como referencia la actual tasa de desocupación de 9,5%, calculó que cumplir la meta del gobierno equivaldría, como orden de magnitud, a llevarla hacia 8,5%.
“Obviamente, no soluciona la crisis por completo”, señaló, aunque sostuvo que constituiría un avance de una magnitud relevante. Abud valoró que el Ejecutivo combinara una agenda inmediata con otra de carácter estructural, pero planteó que el componente de subsidios podría tener una escala mayor.
Uno de sus reparos apuntó precisamente a que los cupos subsidiados no pueden contabilizarse automáticamente como nuevos empleos. “No necesariamente estos 75.000 cupos adicionales son empleos nuevos”, dijo, explicando que parte de las contrataciones podría haberse producido igualmente o corresponder a trabajadores que cambian de empleo.
El coordinador del Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias y Empresariales de la UFRO, Patricio Ramírez, se sumó a la proyección. Para él, si los 100 mil empleos anunciados fueran completamente adicionales, formales, ocupados por personas actualmente desempleadas “y que la fuerza laboral no cambiara -supuesto optimista y fuerte, precisó-, el desempleo pasaría aproximadamente de 980 mil a→ 880 mil personas. La tasa sería aproximadamente: 9,5% → 8,5%”, dijo.
Más cauta se mostró Soledad Hormazabal, directora de evidencia en Pivotes. En su opinión, el impacto en la tasa de desocupación podría ser incluso más acotado, y proyectó una reducción entre 0,6 y 0,8 puntos. “El Estado tiene que generar las condiciones para dinamizar y que así el privado contrate”, aseguró, y recalcó que este paquete de medidas debe avanzar de la mano con una agenda de largo plazo que aborde los problemas estructurales.
La prueba de la ejecución
Otro tema que inquieta a los expertos dice relación con la inversión pública. El gobierno comprometió acelerar la ejecución presupuestaria de Obras Públicas y Vivienda durante los últimos meses del año, además de impulsar nuevas obras de rápida ejecución.
Para Bravo, ese componente es necesario, pero su efecto dependerá fundamentalmente de la gestión. “Aquí lo clave es la rapidez”, opinó. A su juicio, acelerar las obras debería traducirse también en un incremento efectivo de trabajadores, por ejemplo mediante la incorporación de más turnos.
Abud también puso cautela sobre este punto. Bajo su mirada, generar unos 25 mil puestos a través de las iniciativas de inversión pública constituye una meta “súper ambiciosa” y exigirá que los proyectos sean pequeños, de rápida ejecución y especialmente intensivos en mano de obra.
Una lectura similar realizó el economista Patricio Rojas, socio de Rojas y Asociados. Si bien calificó positivamente las medidas y destacó que el Ejecutivo se hiciera cargo de la urgencia laboral, señaló que el resultado estará sujeto a la capacidad de gestión de Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), considerando la lenta ejecución registrada durante 2026.
Más crítico fue Fidel Bennett, socio de Estudio La Firma, quien cuestionó que parte importante del paquete corresponda a recursos adicionales.
En materia de inversión, añadió, se trata principalmente de ejecutar montos que estaban subejecutados, mientras que parte de los recursos anunciados para 2027 repondrían recortes realizados previamente.
Con todo, los economistas coincidieron en que el plan podría contribuir a contener el deterioro laboral en los próximos meses, período que además comenzará a estar acompañado por una estacionalidad más favorable.
El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, afirmó que las medidas son positivas, aunque tendrán un “impacto limitado” y sus efectos se desplegarán durante varios meses. Para marzo proyectó que el desempleo podría ubicarse algo por debajo del 9%, aunque recalcó que será clave la recuperación autónoma de la actividad económica y el aporte que realice el Presupuesto 2027.
Rojas estimó que la combinación entre estacionalidad y las nuevas acciones podría acercar la tasa hacia 8,5% entre fines de este año y comienzos del próximo. Hacia adelante, agregó, una recuperación más profunda dependerá del aumento de la inversión esperado para 2027 y de abordar los problemas estructurales del mercado laboral.
Para Ramírez si bien el anuncio es positivo, ya que combina diversos ejes, recalcó que falta distinguir empleos brutos de empleos netos. “El anuncio habla de ‘más de 100 mil puestos de trabajo’ pero para evaluar el impacto sobre el desempleo necesitamos saber: ¿Cuántos son empleos que no se habrían creado sin el plan? Por ejemplo: Una obra pública puede generar 10.000 empleos. Pero si 7.000 de ellos se habrían generado igualmente con la ejecución presupuestaria normal, el efecto adicional del programa sería de sólo 3.000”, dijo.
Bravo resumió el alcance de la estrategia como un “puente” mientras la actividad económica recupera dinamismo. Por lo mismo, planteó que ahora será necesario monitorear mes a mes cuánto de lo anunciado efectivamente se ejecuta y cuál es su impacto neto sobre la creación de empleo. Y, además, recalcó que se debe trabajar en una agenda de largo plazo que reduzca los costos de contratación.
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