Gobierno incorpora nombramiento de jueces ambientales al sistema de Alta Dirección Pública

Por Rodolfo Carrasco





En diciembre el gobierno presentará su propuesta al Congreso para resolver las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales. Así lo informó el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, quien manifestó que la idea del Ejecutivo es acelerar el despacho de la normativa que moderniza la resolución de las causas relativas a controversias ligadas al medioambiente y que se tramita desde noviembre de 2009.

Irarrázabal señaló que en diciembre se debe constituir la comisión mixta para analizar y destrabar los puntos pendientes, oportunidad en que presentará una indicación tendiente a subsanar las dificultades surgidas respecto a la forma en que deben ser provistos los cargos en los tres tribunales que se crearán en Antofagasta, Santiago y Valdivia.




Los tres ministros


El subsecretario planteó que “el gran tema” es sobre la forma de designación de los tres ministros de cada tribunal ambiental, que serán dos abogados y un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales. La propuesta que se rechazó y obligó a la constitución de una comisión mixta, establecía que era una quina de la Corte Suprema, que se enviaba al Presidente de la República, que, a su vez, luego enviaba los nombres para ser ratificados por acuerdo de dos tercios del Senado.

Para resolver el impasse, la indicación que presentará el Ejecutivo establecerá que para el caso del ministro licenciado en ciencias, “sea designado mejor en un sistema que requiera también la participación de la Alta Dirección Pública (ADP). La propuesta nuestra irá en ese sentido y para el caso del ministro presidente del tribunal ahí se involucre la Corte Suprema y que sea ratificado por el Senado”.

Esto último busca replicar, en el caso del presidente del tribunal, lo que ocurre en la actualidad con el nombramiento de los consejeros del Banco Central, donde el Presidente de la República nomina y el Senado ratifica.

Otras normas que deberá resolver la comisión mixta se refieren a la dedicación exclusiva de los ministros y sus inhabilidades, donde persisten discrepancias entre diputados y senadores respecto de la posibilidad de que puedan ejercer la docencia.

Irarrázabal indicó que espera que la ley sea aprobada a la brevedad, porque luego vienen “seis meses desde la publicación de la ley donde debe entrar en funcionamiento primero el tribunal en Santiago y en forma simultánea la nueva Superintendencia del Medioambiente (ya aprobada) adquiere sus facultades de fiscalización y sanción”. Posteriormente, transcurren otros seis meses y entran en vigencia en forma paralela tanto el tribunal de Antofagasta como el de Valdivia.

El subsecretario enfatizó que el gran cambio que viene con la nueva institucionalidad del sector es que “por el hecho de ser un tribunal especial esperamos una mayor agilidad en todo lo que son los juicios ambientales, porque actualmente, las causas de este tipo, tanto las contencioso-administrativas como por daño ambiental, están radicadas en tribunales ordinarios y justamente al introducir estos nuevos tribunales la idea es dar una mayor agilidad y propender a una mejor justicia ambiental”.




Nueva institucionalidad




Cabe recordar que en enero de 2010 entró en vigor la Ley N° 20.417 que rediseñó la institucionalidad ambiental, creando el Ministerio del Medio Ambiente, a cargo de la política y la regulación; el Servicio de Evaluación Ambiental, encargado de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente, cuya misión será fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y/o descontaminación, normas ambientales y planes de manejo.