Por G. Cerda / c. Bastías
Ante la intensa sequía que impacta la zona centro norte del país y que, según datos de la Comisión Nacional de Riego (CNR), afecta a 290.000 hectáreas, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, instauró ayer el “Consejo Interregional de Emergencia Hídrica”, entidad que deberá resolver en el corto plazo cuál será el plan de acción que tomará el gobierno.
“La idea es formar una mesa de trabajo para estudiar a fondo cómo programamos el bombardeo de nubes para producir lluvia artificial en estas regiones (...) estamos tomando todas las providencias para elaborar un plan eficiente, coordinado y que nos solucione en cierta medida el problema que es muy grave”, explicó el secretario de Estado.
El consejo será presidido por el secretario ejecutivo de la CNR, Felipe Martin, y contará con la participación de la diputada Andrea Molina; los seremis de Agricultura de Atacama, Coquimbo y Valparaíso; un representante del sector minero, uno del sanitario y representantes agrícolas de las zonas afectadas.
Una de las primeras medidas que los integrantes de este consejo deberá definir es si el bombardeo de nubes resulta una herramienta factible en el corto plazo. Tal como explicó el ministro Mayol, esta técnica permitirá aumentar las precipitaciones entre un 15% y 30% dependiendo, eso sí, de las condiciones climáticas. El costo aproximado de esta técnica es de $ 300 millones por región durante un período de tres años.
El alcance de la emergencia
A la fecha, van 77 comunas con emergencia hídrica declarada y el gobierno ha utilizado más de 6 mil millones de pesos entre el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales para combatir los efectos de la sequía. De hecho, el decreto de emergencia agrícola compromete recursos por cerca de 20 mil millones de pesos.
En la Región de Coquimbo, el Minagri ya entregó recursos por $ 2.153 millones, mientras que el Gobierno Regional destinó $ 300 millones, que se han utilizado en las 15 comunas afectadas (ver tabla).
Estrategia de corto plazo
Para el coordinador del consejo, Felipe Martin, lo primero que se necesita es analizar la rentabilidad de los proyectos que se barajan para acelerar su ejecución e implementarlos.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Riego ha comenzado a disponer, a través de la herramienta de fomento al riego, Ley 18.450, de fomento para la inversión privada en obras de riego y drenaje, bonificando proyectos por $ 2.700 millones, lo que sumado al aporte de privados asciende a $ 4.073 millones en la región de Atacama; $6.257 millones en la región de Coquimbo y $3.913 millones en la región de Valparaíso.
Para el presidente de Fedefruta, Antonio Walker, el actual escenario en la agricultura es bastante grave. “Esto puede repercutir en una fruta de menor tamaño y de menor color (...) si Chile vende US$ 3.700 millones, perfectamente puede haber unos US$ 300 millones afectados”, explica.
A su juicio, la situación ha dejado en evidencia la falta de trabajo en la prevención de estas situaciones y afirma que eso “ahora nos está pasando la cuenta”.
Para el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, el panorama es incierto y preocupante. “Este es el tercer año de sequía importante que tenemos y sin duda para la agricultura el agua es fundamental (...) en los extremos hay gente no está pudiendo desarrollar su negocio”, planteó.
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