Por Rodolfo Carrasco M.
A pesar de que el proyecto que crea el Instituto de Desarrollo Pesquero y Acuícola (Idepa) fue aprobado en general, por amplia mayoría en la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, cuando comenzó la discusión en particular, el nudo central del debate ha sido la petición de los parlamentarios de establecer que el nuevo organismo entregue créditos en forma directa, lo que para el gobierno no está considerado.
El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, reconoce que ese planteamiento se ha transformado en el “nudo” de la discusión y defiende que Idepa no entregue recursos directos, porque “hoy en el sistema financiero es posible que se entreguen mejores alternativas y administre de manera más eficiente los recursos para pescadores de manera individual o a sociedades de pescadores”.
Galilea dijo que “el Idepa es mucho más de lo que hoy es el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal y el Fondo de Administración Pesquero sumados los recursos regionales que se apalancan con convenios”.
Explicó que “lo que pretende el Idepa es entregar asistencia técnica, traspaso desde el sector público al privado, como hasta ahora se hace para el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo de organizaciones de pescadores artesanales y queremos además que sea un organismo articulador de créditos con presencia regional”.
El Ejecutivo dijo que defenderá que el Idepa sea un articulador de créditos, una especie de aval del Estado como opera Corfo, pero no queremos, y así establece el proyecto, que sea quien otorgue los créditos de manera directa como si ocurre con Indap”.
Adelantó que van a presentar indicaciones dentro de las cuales “el Idepa va a administrar una especie de seguro pesquero similar al que existe con el seguro agrícola frente a eventos de crisis como la que existe hoy en la zona del Bio Bio con la anchoveta y la sardina por razones ambientales, para poder atender a través de un seguro pesquero las necesidades de los pescadores”.
Cabe señalar que el Idepa será un servicio descentralizado que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Dentro de sus objetivos particulares estará promover el consumo de los productos del mar y coordinar y financiar, según corresponda, la acción del Estado orientada a dichos fines, de modo de fomentar el desarrollo productivo de sus beneficiarios en el marco de la sustentabilidad de la actividad pesquera y de acuicultura. Las líneas de acción serán la promoción del crédito, aportes no reembolsables y asistencia técnica.
El Instituto tendrá como beneficiarios a 81.157 pescadores artesanales inscritos en el Registro de Pesca Artesanal (RPA); a 382 acuicultores de pequeña escala (máximo dos concesiones y 1.500 UF de ingresos anuales, no vinculadas a otros concesionarios); y organizaciones y personas jurídicas.
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